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Sopesa traspasar su gestión a las comunidades autónomas

Fomento autoriza a la SPA a seguir firmando contratos nuevos de alquiler

El Ministerio de Fomento adoptará entre esta semana y la siguiente una decisión sobre qué hacer con la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Mientras, las primeras órdenes que ha recibido la máxima responsable de dicho organismo, Nieves Huertas, son las de seguir firmando contratos nuevos. La entidad mantiene vivos en torno a 14.000 alquileres, frente a los 25.000 que se marcó como objetivo cuando se creó en 2005.

Anuncio de una casa en alquiler en el centro de Madrid.
Anuncio de una casa en alquiler en el centro de Madrid.CINCO DÍAS

Una de las medidas estrella que adoptó el anterior Gobierno socialista en materia de vivienda fue la creación a finales de 2005 de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Nació con el objetivo de movilizar al menos unas 25.000 viviendas en régimen de arrendamiento, una cifra que entonces, en pleno boom inmobiliario, se antojó muy conservadora. Seis años después, sin embargo, parece inalcanzable tal y como han ido sucediendo los acontecimientos. Por ello, forma parte de la lista de empresas públicas sobre las que el nuevo Ejecutivo debe adoptar una decisión lo antes posible. No son muchas las opciones que tiene.

El Partido Popular clamó en la legislatura anterior el cierre de esta empresa pública al constatar las dificultades que estaba teniendo para cumplir con esas expectativas de actividad y, sobre todo, al conocerse que en 2008 arrojó pérdidas de 23 millones de euros. El problema es que desde ese ejercicio no se ha vuelto a saber si ha corregido ese desequilibrio, ya que la empresa no ha hecho públicos sus números. Esto hace pensar que lo más factible sea cerrarla y hacer que sean las comunidades autónomas, con competencias en vivienda, quienes asuman la gestión de los contratos en vigor.

Pero dado que la primera orden que han trasladado los nuevos responsables de Fomento a la sociedad es que siga firmando contratos nuevos, no se descarta que pueda buscársele otra solución que no pase necesariamente por su disolución. Fuentes cercanas al nuevo equipo aseguran a CincoDías que habrá que esperar a ver qué ocurre con Sepes, la entidad empresarial de suelo dependiente de Fomento que cuenta con una participación del 100% de la SPA. Estas fuentes afirman que se está concluyendo el informe sobre todas las entidades dependientes de Fomento que deberá ser remitido a su vez a Hacienda, donde ultiman un plan de reordenación del sector público empresarial.

Otras fuentes del sector inmobiliario recuerdan que la trayectoria de la nueva responsable de Vivienda, Pilar Martínez, demuestra que se trata de una firme defensora de las políticas de fomento del arrendamiento. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, administración de la que procede Martínez, fue una de las pioneras en poner en marcha una agencia municipal de alquiler al calor de la creación de la SPA. Aunque dicho ente local solo actúa de intermediario entre caseros e inquilinos, ha logrado movilizar más contratos en la capital (16.865) que la entidad de Fomento en todo el país (apenas 14.000 en vigor). La clave que más pese en la decisión, sin duda, será la situación financiera de la SPA y qué posibilidades contempla de mejora en su eficiencia y solvencia.

Cambio en las garantías

Precisamente, acuciada por esos abultados números rojos, la SPA emprendió desde enero de 2009 un cambio radical en las garantías que ofrecía a los propietarios que alquilaran con ella.

Pasó de ofertar el alquiler garantizado al contrato de alquiler seguro. Quiere esto decir que al comienzo de su andadura todo propietario que lograra arrendar una casa con la SPA recibiría la renta acordada por un plazo de cinco años, aunque el inquilino abandonase antes de ese plazo la casa. Ese era el alquiler garantizado y fue una fórmula que con el paso de los primeros años se demostró que era muy caro de mantener dada la rotación que suele haber en el mercado de arrendamiento. Los últimos datos disponibles estiman que el 50% de las casas arrendadas ha tenido dos inquilinos y solo el 34% mantiene al mismo desde el inicio. Desde enero de 2009 ya no es posible cobrar la renta si el piso está vacío, por lo que ahora se denomina alquiler seguro. Un cambio que, según los expertos, hace la compañía más viable económicamente a medio plazo.

La cifra

 

71,5% de los propietarios que tienen su casa alquilada con la SPA no cuentan ya con la renta garantizada por cinco años, como se estableció hasta 2009.

Morosidad en mínimos y cuentas ¿saneadas?

Al comienzo de su andadura, los impagos de alquiler en la SPA llegaron a superar con holgura el 10%, mientras que al mismo tiempo se detectaron sonoros casos de fraude. El más común era el protagonizado por caseros que proponían a los que podían ser sus inquilinos. Como entonces la renta se garantizaba por cinco años aunque el arrendatario abandonara antes la casa, casero e inquilino pactaban el tiempo de permanencia en el inmueble, conscientes de que pese a ello, ambos continuarían cobrando la mensualidad.Acabar con esa garantía a partir de 2009 ha puesto fin a esa clase de prácticas. Además, gracias a un estudio más exhaustivo de la solvencia de los futuros inquilinos, esa mora superior al 10% de 2008 se ha logrado reconducir a tasas del 3%, más acordes con lo que es habitual en el mercado de alquiler.Junto con esa lucha contra la morosidad, el paso al alquiler seguro que ya solo garantiza el cobro de la renta mientras la casa se encuentre ocupada ha sembrado gran malestar entre los propietarios, por lo que consideran un incumplimiento de las condiciones del contrato que firmaron con la SPA, pero ha contribuido a disminuir los números rojos, según fuentes cercanas a la entidad. A pesar de todo, no se conoce a ciencia cierta la situación financiera de la compañía desde 2008, último ejercicio del que se publicaron las cuentas. En la actualidad, y según los últimos datos disponibles a los que tuvo acceso este periódico, de los 19.038 arrendamientos gestionados desde comienzos de 2006 hasta septiembre pasado, apenas 14.000 continúan en vigor (13.700) y de ellos, el 71,5% ya son nuevos, por lo que solo 3.900 corresponden a la etapa anterior a 2009, cuando una vez firmados, se cobraba la renta cinco años.

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