Cuatro de cada diez candidatos a jueces y fiscales se han presentado a la oposición cinco veces. La cifra desciende al 23% en el caso de los diplomáticos, al 16% en el de los inspectores de hacienda, al 13% cuando se trata de abogados del Estado, al 12% de notarios (aunque al tratarse de oposiciones bianuales, ello implica un plazo de diez años) y al 10% de registradores. Los datos se refieren a las oposiciones celebradas durante el último decenio y forman parte de un documento que recoge 25 propuestas a la Ley de Economía Sostenible y reformas estructurales, publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que la entidad ha decidido facilitar a los diputados de todas las formaciones políticas.

El informe contiene un análisis sobre el acceso a la función pública, realizado por los economistas Manuel Bagüés (Universidad Carlos III) y Berta Esteve-Volart (York University) con cuatro grandes medidas que pretenden optimizar la selección de profesionales como los abogados del Estado, jueces y fiscales, notarios, registradores e inspectores de Hacienda, entre otros.

La primera de esas reformas aboga por limitar el número de años que un opositor puede presentarse a una misma plaza. Según Bagüés y Esteve-Volart, "esto sería positivo en términos de calidad de los seleccionados y también facilitaría la selección de candidatos con características socioeconómicas más cercanas a las de la población en general". Ambos economistas sostienen que la larga preparación y el esfuerzo económico que requieren las oposiciones a ciertos cuerpos de élite excluye a candidatos con peores perspectivas económicas.

Además, explican ambos, la medida ayudaría a resolver "el problema de consistencia temporal" a que se ven sometidos los eternos opositores: la imposibilidad de abandonar cuando se ha invertido ya demasiado tiempo y energía en el proceso.

Los autores consideran que los tribunales de oposición "deberían dedicar más tiempo a la evaluación de aquellos candidatos con posibilidades reales de obtener plaza". Según Bagüés y Esteve-Volart, se deberían introducir exámenes preliminares eliminatorios "tipo test" en las oposiciones con una nota de corte que eliminase a los candidatos con escasas posibilidades. Ambos recuerdan que en el caso de jueces y fiscales, los datos demuestran que "sólo los opositores que obtienen en el texto una nota situada en el 40% superior de la distribución tienen opciones a conseguir plaza".

Como medida complementaria a las anteriores, defienden también la fusión de los procesos de selección para cuerpos del Estados que exigen un perfil similar. El objetivo sería exigir conocimientos más generales "que podrían después ser complementados con una formación específica adecuada mediante la realización de cursos de formación selectivos para los opositores elegidos".

Tras afirmar que en las oposiciones a abogados del Estado de 2008, tres de los candidatos "incluyendo el hijo de un abogado del Estado", fueron suspendidos por el tribunal ante la sospecha de que habían tenido conocimiento previo del contenido del examen, el documento de Fedea propone que los exámenes sean corregidos de forma anónima, en lugar de en lectura pública. Además, señalan, el examen escrito "debería ser sometido a una doble corrección independiente y en caso de discrepancia, a una tercera evaluación".