Fedea plantea una "oficina de reformas" que coordine todas las Administraciones

El próximo día 19, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, hará oficial cuantos ministerios compondrán su ejecutivo. Dos días después tomará posesión de su cargo y dirá los nombres de las personas que ocuparán esas carteras. Desde esa fecha, Rajoy tendrá que poner en marcha un programa de reformas que sirvan para reconducir el déficit público, impulsar el crecimiento económico, reestructurar el sistema financiero y rebajar la elevada tasa de paro.

Los expertos consultados por la cátedra Fedea-McKinsey consideran que la manera más adecuada es creando una oficina nacional de reformas, que sería la encargada de diseñar y dirigir todas las políticas económicas. La puesta en marcha de esta oficina, extraída de las experiencias de otras crisis en naciones como Alemania, Francia, Portugal o Reino Unido, serviría para establecer un nexo común entre todos los organismos involucrados en la aplicación de las reformas.

Luis Garicano, catedrático de la London School of Economics, director de la Cátedra Fedea-McKinsey, uno de los nombres que suena para formar parte del Ejecutivo de Rajoy, cree que la aplicación de esas reformas no tendría efectos inmediatos (en la última crisis en Suecia, el PIB cayó durante los dos años siguientes a su puesta en marcha) y que las comunidades autónomas, responsables de casi la mitad del total del gasto público, deben también corresponsabilizarse. "El sistema no funcionará sin ellas. El hecho de que casi todas tengan el mismo color y que el PP sea un partido jerárquico facilitará la labor", apuntó.

En esa estructura también jugará un papel determinante el Ministerio de Economía, que en algunos países, como Suecia, se ha encargado de dirigir esa oficina nacional de reformas. "Para asegurar una coordinación adecuada en temas clave se podría considerar la creación de un gran Ministerio de Economía con atribuciones en otras áreas, como industria o trabajo", remarcó.

El estudio fija tres prioridades en el programa de reformas: resolver la crisis financiera, asegurar un Estado del bienestar sostenible y crear las bases para un crecimiento a medio y largo plazo. En el primer aspecto, el estudio no se posiciona sobre si el Ejecutivo debe o no crear un banco malo que se haga cargo de los activos tóxicos, pero sí considera que sería imprescindible "detallar y lanzar en los cien primeros días el plan de acción para ese ámbito, preparándose para el peor escenario con el fin de recuperar la credibilidad de los mercados".

Respecto a la reducción del déficit, propone una reducción drástica del gasto público, centrándose en la rebaja de subvenciones y subsidios, y un incremento de los ingresos, que necesariamente no tienen que proceder de un incremento de tipos. "El aumento de ingresos debería lograrse haciendo una revisión en profundidad de nuestro sistema fiscal que da lugar a efectos perversos, como que, pese a tener uno de los tipos marginales más altos de nuestro entorno, el tipo efectivo sea inferior a la media", resalta.

El tercer eje sería la aprobación urgente de medidas para dinamizar la economía. Y la prioridad se centraría en los sectores dependientes del exterior (turismo, manufactura y alimentación) ante la atonía de la demanda interna, que se mantendrá estancada varios ejercicios. Asimismo, insta a un impulso "agresivo" de la actividad empresarial, que pasaría por eliminar todas las trabas administrativas para la creación de empresas e impulsar la liberalización de horarios comerciales. El informe también aboga por la flexibilización de la negociación colectiva y una profunda reforma del sistema educativo para mejorar la empleabilidad de los menores de 35 años, cuya tasa de paro se eleva al 40%.