Estas son algunas de las conclusiones del documento presentado por Fedea sobre la economía sumergida, que destaca que la presión fiscal en España, valorada en relación al PIB, "es baja" si se compara con otros estados europeos.
Según el economista e investigador de Fedea Michele Boldrin, pensar que si se acaba con el fraude fiscal se acabará con el déficit es una "fantasía peligrosa". Baldrin ha indicado que el nivel de economía sumergida en porcentaje del PIB en España es seis o siete puntos mayor que el de países "más eficientes" como Francia, Alemania o Suecia.
Sin embargo, ha señalado que aunque España lograse "el milagro" de acercarse a estos estados en poco tiempo, sólo podría recuperar "entre dos y tres puntos porcentuales del PIB de recaudación" ya que, en su opinión, hay empresas "marginales y poco eficientes" que sobreviven porque consiguen evadir la fiscalidad. "Si se les hiciese pagar, es posible que un porcentaje del PIB también desapareciese", ha resaltado.
Para Boldrin, uno de los problemas en relación al fraude viene del pequeño tamaño de las empresas españolas ya que, según ha indicado, a partir de cierta dimensión es más difícil que las compañías incurran en fraude.
Por esta razón, ha subrayado que se deben crear condiciones económicas que permitan a las empresas crecer y ser eficientes, algo que, según ha considerado, "es un proyecto a largo plazo". Dicho esto, ha añadido que "no hay lucha contra el fraude sin una drástica reforma de la manera en la que el Estado recauda".
Según el investigador de Fedea, los ciudadanos se han acostumbrado a unos gastos financiados a través de impuestos "muy volátiles", en especial, el impuesto de transferencias patrimoniales, cuya recaudación se ha desplomado con el hundimiento del sector inmobiliario.
"Gravando las transferencias de bienes se hace imposible que las empresas pequeñas sean eficientes. Es más estable recaudar con un impuesto patrimonial sobre el valor efectivo de los inmuebles, no sobre las transacciones", ha asegurado.
Boldrin ha explicado que el IRPF es "ridículamente progresivo" porque provoca que los profesionales más preparados "prefieran desarrollar su actividad en Suiza que en España", donde cuesta el doble.
Ha añadido que estos "profesionales preparados" podrían dar empleo a mucha gente, algo no se produce por el gravamen de impuestos como el IRPF que, según él, es fruto de una "mentalidad de izquierdas que hace daño a los trabajadores".
Además, ha abogado por suprimir el impuesto de sociedades, porque "no se debe tasar transacciones económicas que sirven para producir rentas".
También se ha referido a la amnistía fiscal del Gobierno como "una medida extrema que se justifica sólo en situaciones dramáticas".
En su opinión, esta decisión del Gobierno tiene sentido si se deja claro que no habrá otra medida igual más adelante y que quien no acepte acogerse a la amnistía ahora será perseguido y castigado con más dureza en el futuro.
