El Ejecutivo ha puesto en marcha una amnistía fiscal con el fin de incrementar los ingresos del Estado en 2.500 millones (prevé aflorar hasta 25.000 millones no declarados) y así enjugar el abultado déficit público de España, que cerró el pasado ejercicio en un 8,5% y que debe bajar al 5,3% a finales de este ejercicio. "Pensar que si se acaba el fraude fiscal se acabará con el déficit es una fantasía peligrosa", subrayó ayer Michele Boldrin, doctor en Economía, profesor de la Universidad de San Luis, asesor de Fedea y autor del informe presentado ayer sobre economía sumergida y fiscalidad.
En su opinión, el elevado volumen del PIB que representa el dinero negro en España (en torno al 20% del PIB) responde a una errónea distribución de los impuestos "que incentiva el fraude fiscal e impide avanzar a las empresas" y a la composición del tejido empresarial de España, formado por pequeñas y medianas empresas tecnológicamente atrasadas. "La mayoría del fraude español proviene de las pymes que viven al margen, porque su forma de sobrevivir es eludiendo la fiscalidad. El problema es que si el Gobierno las saca la luz, acabaría con ellas. Esto supondría terminar con un porcentaje del PIB que oscila entre el 10% y el 15%", apuntó ayer durante la presentación del estudio.
En el caso de que se pusieran en marcha todos los mecanismos de control al fraude, en línea con lo realizado por otros países como Alemania o Suecia, se podría reducir el peso de la economía sumergida hasta seis puntos, dejándolo en el 14% del PIB. Ese ajuste podría tener, según sus cálculos, un impacto de hasta dos puntos porcentuales en el déficit. Y ese margen podría ser mayor, según Boldrin, si se produjera una redistribución de la carga impositiva, reduciendo la que grava el trabajo y elevando la del consumo. "Las tasas sobre el trabajo son muy altas en comparación con lo que se recauda, mientras que el IVA y el resto de impuestos sobre el consumo son muy bajos. Si hay un impuesto que subir ahora mismo es el IVA y si hay alguno que bajar son las cotizaciones sociales. En España predomina una mentalidad de pseudoizquierda que piensa que gravando al empleo se está perjudicando a las grandes empresas, cuando los verdaderos damnificados son los trabajadores. Si los impuestos sobre el trabajo son tan altos, será difícil trabajar en España, y si se consigue empleo, el sueldo será muy bajo", remarcó este experto.
Unas propuestas que el Ejecutivo está dispuesto a seguir el próximo año. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió el pasado viernes que, una vez que se atisben los primeros síntomas de recuperación en 2013, sería el momento de proceder a una subida de los impuestos indirectos, en clara referencia al IVA.
No obstante, Guindos detalló que la imposición no solo se refería a ese tributo, sino que existían otras posibilidades, como los impuestos especiales. "Simultáneamente se están estudiando reducir otro tipo de cargas", dijo en alusión a una bajada de cotizaciones sociales. Ambas medidas están respaldadas por la CE y el FMI, que consideran que el tipo general del IVA esta todavía por debajo de la media en la UE.
Respecto al impacto de la amnistía fiscal, el asesor de Fedea precisó que si la Administración no quiere ver mermada su reputación "deberá ser intransigente e inflexible con la evasión una vez que se cumpla el plazo". Asimismo, consideró como una medida "bastante eficaz" la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros. "Frenará el fraude masivo, aunque también invade la privacidad y puede ser regresiva. Lo que hay que hacer es crear incentivos para utilizar el pago con tarjetas de crédito u otras formas", apuntó.
Colaboración
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, invitaron ayer a las grandes empresas a constituir otro grupo de trabajo para reforzar la relación entre el sector empresarial y la Administración tributaria.
La empresa española, la que peor paga en la UE
El retraso en el pago de las facturas no es un fenómeno exclusivo de las Administraciones públicas en España, sino que se ha contagiado con rapidez a las empresas. El último informe de la consultora Intrum Justitia, especializada en la gestión del cobro de impagos, muestra que las Administraciones pagan a una media de 160 días, más del doble de la media europea (situada en 65) y tan solo por debajo de dos países (Italia y Grecia).
España, sin embargo, escala a la primera posición de la clasificación si lo que se analiza es la evolución de los pagos en las empresas. Pese a haberse reducido en dos días respecto a 2010, el plazo es de 97 días, lo que supone el más elevado de la UE, por encima de Italia o Portugal y también de la media europea (52 días). Otros cuatro países (Chipre, Francia, Irlanda y Eslovenia) también superan ese umbral.
