El volumen del déficit público está íntimamente ligado al incremento del endeudamiento. Cuando los gastos superan los ingresos, los Estados deben recurrir a los mercados para cubrir ese desfase y cumplir con las obligaciones de pago. Así, conocer el déficit de un país permite calcular con cierta precisión la evolución de su deuda pública.
Sin embargo, esta norma no sirve para España en 2012, ejercicio en el que la deuda se incrementará 16 puntos, del 69,3% del PIB al 85,3%. Más de la mitad de este aumento se explica por factores distintos al déficit público ordinario.
El último informe del Banco de España indica que ocho puntos de la subida de la deuda deben buscarse en lo que el regulador denomina "ajustes déficit-deuda". En este paquete entra el dinero del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), que supondrá 31.000 millones más de pasivo, según las estimaciones iniciales del regulador. La cifra definitiva "dependerá de la cuantía exacta y del momento en que se reciban los fondos europeos" para sanear la banca.
El plan de pago a proveedores, una medida que permitió saldar la deuda comercial de comunidades y ayuntamientos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011, es responsable de 2,6 puntos del incremento del endeudamiento, es decir, 27.800 millones. Estas son las dos grandes partidas que explican que la deuda pública avance a ritmos muy superiores que los marcados por el déficit público.
Otra partida relevante es la participación española en el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal que, en 2012, supuso un endeudamiento adicional de 11.700 millones. El fondo de amortización del déficit eléctrico aportará otros 3.209 millones. En total, estas variables ajenas al déficit público en sentido estricto elevarán en más de 85.000 millones la deuda pública española en 2012, según el informe del Banco de España. Esta cifra, por si sola, ya resultaría preocupante. Sin embargo, deben añadirse los más de 75.000 millones de déficit público, importe que se financia con préstamos.
El incremento del endeudamiento público ascenderá a 16 puntos y no tiene precedentes en la España democrática. Habría que remontarse, según la serie histórica que elaboró el FMI, a 1946 para encontrar un salto tan elevado en solo doce meses. Y la senda alcista continuará. El Gobierno prevé que alcance el próximo año ya el 90,1% del PIB, el nivel más alto desde 1909.
En 2007, cuando en España se debatía si se aproximaba una crisis o una desaceleración, el nivel de endeudamiento se encontraba en el 36,3% del PIB, 22,7 puntos por debajo de la UE y de países como Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido o Italia. Cinco años más tarde, ese colchón financiero ha desaparecido por completo y el Estado ya se encuentra en la media.
Se ha repetido, y con razón, que el problema real de la economía no es la deuda pública, sino la privada, que se mueve en torno al 200% del PIB. Sin embargo, el ritmo de endeudamiento de la Administración explica, en parte, la falta de crédito para empresas y familias. Por otra parte, más deuda pública significa más intereses y menos recursos para actividades productivas. El conjunto de la Administración destinará este año 33.650 millones a pagar el coste de la deuda, el doble que antes de la crisis.
A vueltas con los 40.000 millones del rescate
A pesar de todos los intentos del Gobierno, Bruselas no ha aceptado prestar dinero directamente a la banca, lo que evitaría que el rescate bancario elevara el endeudamiento público. ¿Significa esto que el rescate bancario costará dinero al contribuyente?
El Gobierno dice que no. Argumenta que si bien será el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo que depende de Economía, quien reciba el préstamo, el destinatario último serán las entidades financieras con problemas, que devolverán el dinero con intereses.
Sin embargo, el Ejecutivo no puede garantizar que ello sea así y el riesgo de que ese crédito termine a fondo perdido no es menor. Además, será el FROB quien deberá devolver el préstamo a Bruselas, lo que elevará el gasto en intereses, que sí computa a efectos de calcular el déficit público.
De hecho, el capítulo tres de los Presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas representa la única partida de gasto sobre el que no existe ninguna posibilidad de aplicar recortes.
Para tranquilizar a los mercados, el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del Partido Popular, incluyó en la Constitución la prioridad del pago de intereses por encima del resto de gastos.
Por otra parte, algunas de las ayudas bancarias sí que han tenido efecto directo en el déficit. De hecho, los números rojos de este año se elevarán al 7,3% frente al 6,3% previsto y comprometido con Bruselas por las inyecciones de capital en Unnim, Catalunya Caixa y Novagalicia.
De una u otra forma, resulta innegable que el auxilio financiero a las entidades de crédito afecta y afectará al bolsillo de los contribuyentes.
