El Ministerio de Asuntos Exteriores informará a través de las embajadas de las reformas urbanísticas en las que trabajan el Gobierno y las comunidades autónomas, como la nueva Ley de Costas, con el fin de favorecer la compra de pisos en zonas turísticas por parte de ciudadanos extranjeros.
El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, informó de esta medida ante la demanda de los promotores inmobiliarios de que el Gobierno utilice el proyecto de la marca España para dar salida a las miles de viviendas que hay en venta en las costas e islas.
En una rueda de prensa junto con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el palacio de Viana de Madrid, García-Margallo admitió que su departamento puede ayudar a difundir los cambios legales que hay en marcha.
Entre ellos, destaca la reforma de la Ley de Costas, con la que se pretende ampliar las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años, medida de la que se beneficiarán numerosos propietarios extranjeros.
Leyes urbanísticas
La intención es que una vez que el Gobierno apruebe la nueva normativa costera -ahora en fase de anteproyecto- y las comunidades modifiquen a su vez sus leyes urbanísticas, Exteriores dará a conocer estos cambios en los países donde hay más interés por el mercado inmobiliario español, como Reino Unido, Alemania o Francia.
García-Margallo recordó que ha habido en los últimos años algunos informes del Parlamento Europeo en los que se venía a denunciar una falta de seguridad jurídica en la adquisición de pisos. El ministro admitió que este hecho "ha deteriorado las posibilidades de venta de inmuebles".
Como informó ayer Cinco Días, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha planteado al Gobierno un programa para vender 250.000 viviendas en zonas turísticas -el 37%- del excedente total español. La campaña promocional se desarrollaría en toda Europa utilizando la marca España.
De venderse ese volumen de pisos a un precio de 200.000 euros, se captarían unos 50.000 millones, fondos que ayudarían a su vez al saneamiento del sistema financiero. La Oficina Económica de Moncloa, el Icex y el Ministerio de Fomento ven con buenos ojos este proyecto y valoran cómo llevarlo a cabo con garantías. El stock de 675.000 viviendas sigue siendo uno de los grandes obstáculos para salir de la crisis.
