Los expertos piden introducir el copago para las urgencias y el médico de cabecera

Cada español acude más de ocho veces al año al médico. Se trata de la frecuencia más elevada de la zona euro y duplica a la de países como Finlandia, Portugal o Suecia. Si a ello se le une que España es el país con una esperanza de vida más elevada (81,1 años) de los quince países que comparten moneda y que es uno de los que más fármacos consume, el resultado es un sistema sanitario con fuertes pérdidas y con serias dificultades para mantenerse a corto plazo. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y McKinsey, en el que se señala que la sanidad pública española, tal y como está diseñada en la actualidad, no es sostenible. Un dato que ilustra la necesidad de cambios es el aumento del gasto sanitario. El déficit sanitario de las comunidades autónomas se ha elevado a 11.000 millones de euros en el quinquenio entre 2003 y 2007 y el gasto que van a tener que afrontar va a crecer en 2.400 millones de euros tan sólo este año.

En este escenario, los autores del estudio proponen cinco medidas de choque a corto plazo, que, a su juicio, no servirán para corregir la situación, pero sí al menos para invertir la tendencia. Y la primera que plantean es la introducción de un pago por cada visita que el paciente realice al médico de atención primaria o a urgencias. "Una de cada tres visitas al médico es innecesaria y entre el 30% y el 80% de los ingresos por urgencias no están justificados. Eso deja un balance de 80 millones de visitas que no serían necesarias", apuntó Luis Garicano, director de la Cátedra Fedea-McKinsey y uno de los autores del estudio. Un balance que obliga, a su juicio, a fijar un copago en la atención primaria y otro más elevado, al menos cuatro o cinco veces superior, en el caso de las urgencias por su elevado coste. "Cada atención en un servicio de urgencias le supone un gasto de 180 euros al sistema", recalcó.

La segunda medida se refiere a la vinculación del copago de fármacos al nivel de renta y especialmente en el caso de los pensionistas, que en la actualidad no pagan. "Los pensionistas consumen el 70% de las recetas y si se les exige una contribución del 10% por receta, que supondría una media de 1,5 euros por receta, no parece inasumible", señala Garicano, quién apunta que a largo plazo se podría introducir un sistema más complejo, en el que se clasifiquen los medicamentos según la gravedad de la condición, "reduciendo o eliminando el pago en aquellos cuadros clínicos más agudos".

Aumento de la corresponsabilidad

Las otras tres medidas se refieren al aumento de la corresponsabilidad por parte de gobiernos y hospitales. A los primeros les exige que garantice la mejor relación precio-efectividad en los medicamentos para evitar desviaciones en el gasto farmacéutico en los hospitales (en España ha crecido un 15,8% anual en los últimos cinco ejercicios, casi el doble que el gasto de los ciudadanos).

Y a los segundos les exige que se sometan a una auditoría para conocer cuáles son los que mejor están utilizando los recursos hospitalarios. Los expertos también apuestan por la creación de un sistema de incentivos, de tal modo que el hospital que genere un superávit pueda recuperar parte de ese excedente, mientras que aquel que incurra en déficit, pueda ser penalizado.