Exministros de Justicia abogan por un pacto de Estado
Expertos y exministros de Justicia de diferentes Gobiernos del PP y del PSOE abogaron ayer por la renovación de un pacto de Estado entre los dos principales partidos para solucionar los asuntos pendientes de la Administración de justicia. El pacto daría continuidad a la labor gestora del Ejecutivo, con independencia del color del partido que gobierne. El que fuera el superministro de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, consideró ayer en el X Congreso de la Abogacía Española, que se celebró en el Palacio de Congresos de Cádiz, que el asunto pendiente más importante para resolver es la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no acaba de reformarse. "No hemos sido capaces de hacer una Ley de Enjuiciamiento Criminal en el periodo democrático y nunca vamos a tomar esa decisión debido a que no nos ponemos de acuerdo sobre el papel del ministerio fiscal en la instrucción, algo que ya se discutía cuando yo estudiaba en 1974", dijo, mostrándose escéptico sobre la materia.
Belloch propuso un fiscal, como regla general, para que investigue y que el juez solo juzgue. En cambio, en el caso de los aforados y las personas con relevancia social, como los políticos, cree conveniente que haya un juez de instrucción para evitar la presión política al fiscal. "El tema es grave, pero en Alemania y muchos países de Europa han adoptado el modelo anglosajón. Si el delincuente es una persona importante se deben eliminar los elementos contrarios al ministerio fiscal".
Papel de la policía judicial
Por su parte, Ángel Acebes, exministro del Interior en el anterior Gobierno del PP, explicó que "no se deben tomar decisiones sin tener en cuenta el conjunto del modelo. Se puede ser partidario o no de la instrucción por parte del ministerio fiscal, pero hay que tener en cuenta el conjunto del modelo, no el sistema de otros países, "porque al conjunto de la maquinaria le pueden saltar las piezas". Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Acebes apoyó la definición del papel de la policía judicial y defendió el pacto de Estado, que "rompió" el actual presidente del Gobierno. "Zapatero se equivocó cuando tomó la decisión de suprimir ese pacto", dijo. "En aquel momento el Pacto por la Justicia fue un esfuerzo serio y honesto, con el objetivo de arreglar de la mejor manera el problema a la convivencia, libertad y ejercicio de los derechos. Fue sostenible en el tiempo, pero eso exigió un esfuerzo permanente", advirtió.
Desde su punto de vista, son necesarias "políticas reformistas que diseñen un plan estratégico para definir lo que vamos a hacer en la justicia". "Hoy en España estamos en un momento difícil, la gente lo está pasando mal, hay una enorme incertidumbre. Quienes hacemos la justicia tenemos la responsabilidad de ofrecer seguridad y generar las mayores cotas de seguridad jurídica", añadió. El exministro José María Michavila se expresó de la misma manera y abogó de nuevo por el pacto de Estado. "El pacto de Estado funciona y puede volver a funcionar", añadió, citando como ejemplo la Ley Concursal que se aprobó por consenso, la Ley de Acceso a la Abogacía, la Ley de Arbitraje... en concreto 19 leyes.
Por su parte, Juan Fernando López Aguilar, exministro del ramo con José Luis Rodríguez Zapatero en anteriores Gobiernos, pidió entender la justicia en un espacio supranacional. "Se necesitan más funcionarios de justicia, más presupuestos y que cada grado de jurisdicción fuera distintiva y no hubiera solapamientos", apostilló. De los jueces defendió su especialización, aclarando que, desde su punto de vista, "es disfuncional que todos tengan que venir de Derecho". Aguilar abogó por que el proceso penal se reforme. "Es nuestra cuenta pendiente. Otra tiene que ver con la modernización de la ofimática", añadió.
Abogados catalanes, molestos con Peces-Barba
Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución de 1978, consiguió ayer "indignar" a muchos de los asistentes catalanes que se habían dado cita en el X Congreso de la Abogacía en el Palacio Congresos de Cádiz. El comentario "hiriente", según los aludidos, llegó cuando, en su ponencia, Peces-Barba se refirió a siglos atrás, en época del Conde-Duque de Olivares, cuando se encontró al tiempo con el levantamiento de catalanes y portugueses. "Tuvo que elegir entre catalanes y portugueses", advirtió en tono jocoso, y prosiguió: "Se eligió a los catalanes, aunque a lo mejor nos hubiera ido mejor quedándonos con los portugueses".Acto seguido, salió de la sala una treintena de letrados catalanes. Entonces, Peces-Barba señaló: "Continuaré cuando salgan los que tengan que salir", cuyo doble sentido fue interpretado por el resto de los asistentes con un gran aplauso. El padre constitucional comentó, ante la pregunta de CincoDías, que los letrados "no tienen sentido del humor".No obstante, Peces-Barba aseguró que el mensaje que se lanzó en 1978 era que no había más que una nación soberana que es España. "Hablé de nación de regiones, de naciones culturales. Mantuvimos la soberanía nacional, para reconocer que solo había un soberano. La nación primero y el rey, después. Por lo tanto, esas reivindicaciones de separaciones carecen de cualquier idea de prosperar. Además, la UE nunca aceptará ese sueño del País Vasco", dijo. Si se llevara a cabo, "habría que eliminar todo lo que se refiere a las autonomías".Tras su intervención, el Consejo General de la Abogacía y 14 colegios de abogados de Cataluña emitieron un comunicado en el que indicaron que las palabras de Peces-Barba jamás debían haberse pronunciado.
ETA y 20-N
- Reunión de Caamaño y los jueces:El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se reunió ayer con altos cargos del Poder Judicial en la sede de su departamento. Caamaño rechazó que la cita tuviera fines electoralistas. "Los hechos son sustancialmente objetivos, es el fin de un Gobierno y cerca de ese momento elecciones generales se ha producido el anuncio de ETA, una noticia buena para todos los españoles". Caamaño dijo que el camino de futuro seguirá girando en torno a "la firmeza del Estado de Derecho".