En concreto, las mismas fuentes confirmaron que el ICO adjudicó a esta empresa diversos contratos durante el mandato de García Frey, en los que la exdirectora general no se inhibió, a pesar de que la ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos contempla, en su artículo 7, que quienes desempeñen un algo cargo tienen la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tomado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público.
A los efectos de esta Ley, hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.
La resolución, firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre, en el que se determinó que García Frey habría cometido una infracción muy grave, sancionada en esta ley con una inhabilitación para ocupar cargo público de entre 5 y 10 años.
Comentarios
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1 kike - 30-01-2013 -16:06:49h
esto es de traca, una alto cargo incumple la Ley, segurmente con esos contratos se ha embolsado una pasta y el cstigo es inhabilitacion para altos cargos, manda güevos, es como si a un ladron le pillan robando Bancos y su castigo es inhabilitado para robar bancos en los proximos 10 años, que sinverguenzas