Así lo ha determinado la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia del 22 de septiembre pasado a la que ha tenido acceso Efe, en la que falla que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la sentencia dictada en 2007 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

En consecuencia, el Tribunal Supremo ha dado "definitivamente" la razón a la Comunidad de Madrid, en la reclamación que presentó en diciembre de 2004 por los gastos que se le adeudaban por su colaboración en la gestión de la asistencia sanitaria, destacó hoy la Consejería de Economía y Hacienda.

La Comunidad ha venido colaborando con la Seguridad Social, haciéndose cargo de la gestión de la asistencia sanitaria de sus empleados mediante la Unidad de Prestaciones Asistenciales de Madrid (UPAM) hasta enero de 2009, fecha en la que este sistema de colaboración fue eliminado con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009.

Por la prestación de este servicio debería haber recibido la correspondiente compensación económica de conformidad con lo dispuesto en la ley de la Seguridad Social.

Pero el Estado, según la Comunidad de Madrid, hizo caso omiso de la obligaciones legalmente establecidas y se negó a abonar la deuda contraída con la Administración madrileña.

Ante tal "desagravio", la Comunidad recurrió a los tribunales, que ya le dieron la razón en una primera instancia en el año 2007.

El 17 de enero de ese año, la Audiencia Nacional estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración madrileña y condenó al Ministerio de Sanidad y Consumo a abonarle la cantidad reclamada, que ascendía a 140.738.242 euros por el periodo comprendido entre 1999 y el primer semestre de 2004, recordó hoy el Gobierno regional.

El Gobierno central lo recurrió en casación ante el Tribunal Supremo en septiembre de 2007, quien ahora lo ha desestimado y además ha impuesto que el ministerio pague las costas de este recurso, que ha fijado en un máximo de 3.000 euros.

No obstante, la Comunidad de Madrid considera que la deuda es todavía mayor, "ascendiendo a casi 300 millones de euros".

De hecho, hace ya algunos meses la Comunidad reclamó al Gobierno central el abono de la compensación económica que, a su juicio, le corresponde por la colaboración prestada en la gestión de la asistencia sanitaria desde julio de 2004 hasta noviembre de 2008, "valorándose dicha cantidad en unos 150 millones de euros".