Pese a su resistencia numantina, las autoridades comunitarias tuvieron ayer que dar su brazo a torcer y decidieron concederle a España un año más en su ruta de consolidación fiscal. En la decisión de los ministros de Finanzas ha pesado más la dificultad para lograr reducir el desfase presupuestario en plena recesión (todos los organismos auguran al menos dos años en esa situación) que el incumplimiento sistemático de la consolidación fiscal en España. En 2011 finalmente cerró en un 8,9%, apenas con una reducción de tres décimas, cuando el objetivo comprometido era del 6%.
Las contraprestaciones a ese año de gracia son variadas y constituyen una suerte de intervención. En el borrador que discutieron ayer los ministros y que formalmente se aprobará hoy en el Ecofin, las autoridades comunitarias elevan del 5,3% al 6,3% el objetivo de déficit para este año y del 3% al 4,5% para 2013. La consecución del objetivo de estabilidad se lograría en 2014, con un déficit del 2,8%. Una primera interpretación de esta decisión dejaría entrever que España podrá diferir los ajustes en tres años y no en dos, lo que le permitiría no tener que presentar todos los recortes de golpe.
Entre ellos estarían todas las recomendaciones que la Comisión Europea detalló al Ejecutivo durante el último Consejo Europeo: subida del IVA, supresión de la deducción por compra de vivienda, medidas para rebajar la masa salarial de los funcionarios y un mayor control sobre las cuentas autonómicas. La principal novedad es que el Gobierno estará obligado a retratarse periódicamente ante los técnicos de la Comisión Europea, que analizarán trimestralmente la evolución de las cuentas públicas españolas.
Fuentes comunitarias, sin embargo, interpretaron el movimiento de la Comisión Europea justo en el otro sentido. "No es una relajación del objetivo, sino un endurecimiento", recalcaron. En su opinión, nadie pensaba que España pudiera llegar al 5,3%, por lo que fijar un déficit del 6,3% para este año es simplemente "un ejercicio de realismo".
Pero para llegar a esa meta será necesario concentrar todos los esfuerzos y no dejarse ninguna bala en la recámara, lo que puede agudizar aún más la situación de recesión, con unos ingresos fiscales en caída libre y un desempleo que superará el 26% de la población activa en 2013. Por lo tanto, Mariano Rajoy deberá presentar mañana en el Congreso un listado completo de ajustes, tal y como hizo su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2010 presionado por Bruselas. La diferencia con respecto a esa ocasión es que la prima de riesgo hace dos años estaba en 165 puntos básicos y ayer llegó a superar los 580 puntos, con un diferencial por encima del 7% con respecto al bono a 10 años de Alemania.
El fin de la economía sumergida
Sencillamente, unos niveles insostenibles a medio plazo para financiar una economía como la española fuertemente endeudada y que depende en exclusiva de la financiación exterior. "Los mercados ya no tienen tanto en cuenta la evolución del déficit o de la deuda, como las perspectivas de crecimiento o de recaudación, que son francamente malas ante lo abultado de los recortes que va a tener que hacer a corto plazo y los 100.000 millones de deuda que va a tener que asumir por el rescate bancario", recalcan esas mismas fuentes. Dicho de otro modo, que lo que se gane por el aplazamiento en el tiempo de las medidas, se perderá por el agravamiento de la recesión y el desplome de la recaudación.
Entre los ajustes que se ultiman, se da por descontada una subida inminente del IVA, que probablemente se hará a través de una reducción del número de bienes y servicios gravados con tipos reducidos. De hecho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cambió ayer por primera vez su discurso, tradicionalmente contrario a incrementar dicho impuesto, por otro en el que abría la puerta a próximos aumentos. "Estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto. Si el IVA lo pagaran más quienes lo tienen que pagar no habría que subirlo tanto", sugirió en alusión al más que probable incremento de la presión fiscal por este tributo. "Este debate no existiría si no hubiera economía sumergida, y si no existiera esa pregunta de con IVA o sin IVA, que se ve como un deporte nacional en cualquier rincón de la geografía española", recalcó ayer durante su intervención en un curso de verano de la Universidad Complutense en El Escorial (Madrid).
No será la única medida de ajuste. En el paquete que anunciará Rajoy irá también la supresión de la deducción por compra de vivienda habitual, que apenas tendrá un efecto directo en las arcas públicas, ya que no se aplicará con carácter retroactivo, de modo que las personas que estuvieran pagando una hipoteca antes del 31 de diciembre de 2012 no se verán en principio afectadas.
Empleados públicos más productivos
Por lo tanto, el grueso de los ajustes, además del IVA, recaerá sobre el sector público y las comunidades autónomas. Fuentes cercanas al Ejecutivo dan por descontado que mañana se anunciará la supresión de una de las pagas extraordinarias de los funcionarios, lo que comportará un ahorro anual de 4.000 millones. Su aplicación se extendería al menos otros dos ejercicios, y se vería acompañada por otros ajustes, como la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos. Montoro avanzó ayer que su departamento estudia aumentar las horas de trabajo semanales de los funcionarios y asimilar su régimen laboral al del sector privado a través de fórmulas como dar cada vez más peso a las evaluaciones permanentes sobre su productividad. Miguel Borra, presidente de CSI-F (el sindicato más representativo de la función pública), criticó el hecho de que el Gobierno "haya situado a los empleados públicos en el punto de mira". En su opinión, ningún empleado público se va a negar a que se evalúe su trabajo o productividad. "En el Estatuto Básico del Empleado de 2007, firmado por Gobierno y sindicatos, ya se contemplaban estos mecanismos de evaluación. Sin embargo, este tema aún está pendiente de desarrollo", apuntó.
Los hispabonos, a punto
La principal inquietud de Bruselas, sin embargo, se centra en la contención del gasto de las comunidades autónomas. Del desvío registrado en el objetivo de déficit el pasado ejercicio, más de tres cuartas partes corresponde al incumplimiento de las regiones, que este año están obligadas por ley a llevar el déficit al 1,5% del PIB.
La aprobación de la ley de Estabilidad Presupuestaria le permite al Ejecutivo disponer de herramientas coercitivas para aquellas autonomías que se desvíen de su objetivo, que pasan por la apertura de expedientes, la prohibición de las operaciones de endeudamiento, sanciones de hasta el 0,2% del PIB regional (que debe ser depositado en el Banco de España) y finalmente la intervención de las comunidades si no se consigue eliminar ese desfase en sus cuentas.
En el primer trimestre, las comunidades parecen haber cumplido con la senda de consolidación fiscal y han cerrado la ejecución de sus presupuestos en equilibrio. Unos datos que están sesgados en la medida en la que han recibido un adelanto de 4.800 millones en transferencias del Estado para asegurar que ninguna de ellas tendría tensiones de tesorería para hacer frente al pago de su gasto corriente, tal y como ocurrió a finales del año pasado con Cataluña y la Comunidad Valenciana. A las transferencias les sustituirán los conocidos como hispabonos. Se trata de emisiones de deuda autonómicas con el aval del Tesoro Público para aquellas regiones que no tengan acceso a los mercados de crédito. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, apuntó ayer que, si todo marcha como está previsto, "a lo mejor este asunto podría abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves, y el Consejo de Ministros podría dar luz verde a este mecanismo en las próximas semanas". En cualquier caso, apuntó que cualquier riesgo de incumplimiento del déficit será "atajado de raíz".
