La vía judicial está ya agotada y ha servido de muy poco a pesar del triunfo inicial de España, que logró tumbar en 2006, en el tribunal comunitario, la reforma de las ayudas al algodón, alegando que no se había tenido en cuenta el impacto económico. La nueva regulación vuelve a plantearse en los mismos términos, con un 65% de las subvenciones desligadas de la obligación de producir y el 35% restante acopladas a la producción, aunque los dos años de aplicación de la reforma hayan confirmado el desplome del sector.

Andalucía, productora del 97% del cultivo español, ha registrado en este periodo un recorte de ayudas de 11 millones de euros, así como la reducción de casi el 64% de la producción y del 27% de la superficie de algodón. En total, más de 100 millones en pérdidas. De las 29 desmotadoras españolas, cuatro ya no producen y podrían desaparecer dos terceras partes de la industria.

Tanto el Gobierno, como la Junta andaluza y las organizaciones agrarias coinciden en que con esta propuesta el cultivo es inviable. Están en juego 70.000 hectáreas, casi 10.000 agricultores, 1,5 millones de jornales y 5.500 empleos en la industria. España es el segundo productor comunitario por detrás de Grecia, con 370.000 hectáreas.

En Andalucía, todo el sector y la Junta negocian una alternativa conjunta que España pueda defender en Bruselas el próximo 26 de noviembre, cuando se presentará la reforma. De momento, no hay una postura común. El Gobierno andaluz, que quiere salvar el 60% de la producción, coincide con la organización agraria COAG en reclamar un 80% de ayuda acoplada a la producción y un 20% desvinculada de la misma. Pero Asaja y UPA buscan subvenciones desacopladas del 100%.