Portugal decidió anoche no dar su visto bueno al contrato entre el Estado luso y el consorcio Elos para la construcción de un tramo portugués del AVE entre Lisboa y Madrid -actualmente suspendido- debido a irregularidades.
"Es una decisión que lógicamente corresponde a la soberanía de un país pero que lógicamente tiene que ver con los tres países", ha añadido la ministra en rueda de prensa.
Pastor ha tenido oportunidad de tratar esta cuestión con su homólogo portugués durante el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea que se celebra en Bruselas, quien le habría trasladado su compromiso de mantener el ancho de vía europeo en Portugal.
La ministra española ha expresado su "tranquilidad" al conocer este dato, ya que permitirá la interconexión de las vías portuguesas con las españolas en un futuro, "las decisiones que tome (el Gobierno luso) después de prestación de viajeros y mercancías tienen que ser de ellos".
Respecto a qué sucederá con las conexiones del AVE Madrid-Lisboa del lado español, Pastor ha evitado hacer comentarios.
"Primero, Portugal nos tiene que decir cuál es su decisión definitiva, qué va a licitar, cómo, con qué prestaciones, etc", ha indicado la ministra.
Por su parte, el comisario europeo de Transporte, Siim Kallas, ha señalado en rueda de prensa no tener conocimiento de que la decisión lusa cree ningún conflicto respecto al desarrollo de las infraestructuras incluidas en la Red Europa de Transportes.
Kallas ha afirmado que hay "soluciones" más allá de los trenes de alta velocidad y comentó que intentar desarrollar la misma en todos los lugares puede ser una opción "no muy racional".
El organismo fiscalizador luso tomó esta decisión después de apreciar una "falta de información" dentro del marco presupuestario del proyecto, que conllevó a "una violación directa de las normas financieras".
Asimismo, indicó que la propuesta de Elos -valorada en unos 1.400 millones de euros- debería haber sido excluida.
En diciembre de 2010, el entonces Gobierno socialista de José Sócrates eligió a Elos, encabezada por la constructora portuguesa Soares de Acosta y la concesionaria de autopistas Brisa, como la adjudicataria del tramo de cerca de 200 kilómetros entre Poceirao y Caia, en detrimento del consorcio liderado por la constructora lusa Mota-Engil.
Debido a la decisión del Tribunal de Cuentas, tendrá que haber otro concurso y realizarse un nuevo contrato en caso de que se prosiga con el proyecto, suspendido desde que los conservadores ganasen las elecciones de junio de 2011 en Portugal.
