España, el país con la normativa más rígida de la Unión Europea

La ocupación en España tocó techo en el tercer trimestre de 2007. En esas fechas había 20,5 millones de ocupados y la tasa de paro estaba por debajo del 8%. Cuatro años y medio después y tras pasar una doble recesión, la fotografía es completamente diferente: el número de ocupados se ha reducido hasta 16,9 millones y la tasa de paro se ha disparado hasta el 22,85%. Eso significa que se han destruido 3,6 millones de puestos de trabajo y que el número de parados ha aumentado en la misma cifra. Un deterioro sin parangón respecto al resto de socios europeos. La pregunta, por lo tanto, parece evidente: ¿cuáles son los motivos que han propiciado esta situación?

Todos los expertos coinciden en que el principal problema del mercado laboral en España se encuentra en las rigideces que lo dominan, que en algunos ámbitos del Ejecutivo han sido calificadas de "franquistas". Y una de las más señaladas es la negociación colectiva, que establece las condiciones y los salarios de los trabajadores. La crisis económica iniciada en 2007 ha mostrado que las condiciones pactadas en la gran mayoría de convenios en España no preveían escenarios económicos negativos. De este modo, mientras que la actividad económica se desplomaba, los salarios seguían creciendo a tasas muy elevadas y los empresarios no podían renegociar las condiciones de trabajo, lo que provocó que la única solución pasara por los despidos. Frente a esta rigidez, otros países, como Alemania, afrontaron caídas del PIB del 5% sin apenas generar parados. La solución pasó por un sistema que permite adaptar jornadas y retribuciones al ciclo económico, más conocido como Kurzabeit.

Este permite que las empresas puedan reducir la jornada de sus trabajadores durante un periodo máximo de 24 meses, en los cuales el trabajador percibe el 60% de su salario neto o el 67 % en el caso de que tenga hijos. El resto lo paga el Estado. Con la aplicación de este sistema, la tasa de paro en Alemania apenas creció en 2009, pasando del 7,5% al 7,8%.

Otro de los principales obstáculos para un funcionamiento más ágil del mercado de trabajo es el elevado coste del despido improcedente, lo que provoca que los empresarios opten de forma mayoritaria por la contratación temporal frente a la indefinida. Más del 90% de los nuevos contratos son temporales, ya que la indemnización por despido es de 8 días, mientras que en el caso de los contratos fijos se eleva a 45 días por año trabajado, muy por encima de la media europea.

Un estudio elaborado por Sagardoy Abogados muestra con claridad esas diferencias. Para un trabajador con 10 años de antigüedad y un sueldo de 24.000 euros al año, el coste del despido improcedente en España se elevaría a unos 43.000 euros, una cifra muy superior al del resto de países de la zona euro. En Alemania, el coste, en el peor de los casos, no superaría los 29.000 euros, lo que supone un 32% menos. Esa diferencia se basa en que la indemnización está limitada a 30 días por año trabajado hasta un máximo de 18 meses de salario, mientras que en España es de 45 días y 42 meses. Para ese mismo caso, la indemnización en Francia oscila entre los 17.550 y los 43.000 euros. Esa variación se produce porque en Francia solo existe una indemnización mínima (seis días por año trabajado), aunque tradicionalmente se suele pactar el pago de una décima parte del sueldo mensual por año trabajado, hasta un periodo máximo de 10 años.

Las diferencias son aún más apreciables con respecto a otros países, como Dinamarca o Bélgica, cuyas legislaciones no fijan indemnizaciones a los trabajadores por despido. No obstante, empresarios y trabajadores suelen pactar una indemnización de seis meses en el caso belga y de uno a seis meses en el danés. Tan solo por encima de España figura Suecia, con un coste de 93.000 euros.