Con estas cifras no resulta extraño que los mercados y los inversores miren con desconfianza a España. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda muestran que el conjunto de la Administración (Estado central, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social) ingresaron 377.085 millones en 2011, una cifra que supone retroceder a niveles de 2005 y representa un descenso del 12,9% respecto a 2007, el ejercicio que marcó el cambio de tendencia en la economía mundial. Sin embargo, esta caída en los recursos no se ha acompañado de una restricción presupuestaria. Es más, en los últimos cuatro años se ha incrementado un 13,4% el gasto público total hasta alcanzar los 468.429 millones. Dicho de otra forma, la caída de ingresos en los últimos cuatro años equivale al incremento del gasto. Ello explica que los números rojos asciendan a 91.344 millones. Si bien es cierto que se ha registrado un descenso de las partidas presupuestarias respecto 2010, el déficit se mantiene en niveles históricamente altos (8,5% del PIB).
El problema es que la Administración estableció en los años de bonanza nuevos capítulos de gasto estructural a raíz de unos ingresos que eran coyunturales y que procedían en su mayoría del boom inmobiliario. La elevada recaudación ligada al sector constructor no volverá, lo que obliga a replantear toda la estructura presupuestaria de España para evitar que los números rojos se mantengan en niveles que, simplemente, resultan inasumibles e imposibles de financiar en un contexto como el actual.
El peso del sector inmobiliario
Un ejemplo ilustrativo de lo que ha sucedido es la evolución del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dos tributos autonómicos que gravan la compraventa de viviendas de segunda mano y la formalización de hipotecas. Los Ejecutivos de las comunidades autónomas llegaron a ingresar en 2006 más de 18.000 millones de euros por ambos impuestos. En 2011, apenas recaudaron 7.950 millones, menos de la mitad. Nunca antes las comunidades habían logrado tantos recursos como con el boom inmobiliario y en esa época se establecieron políticas de gasto que hoy suponen un lastre. Lo mismo sucedió en los municipios, donde la mayoría de los tributos locales -IBI, impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), impuesto de plusvalías- están ligados a la construcción.
En el caso de la Administración central, la dependencia con el sector inmobiliario no es tan fuerte. En cualquier caso, se ha reproducido la misma situación que en el resto de Administraciones. Con todo, es cierto que el esfuerzo en la contención del gasto ha sido mucho más notable en el Gobierno central que en las comunidades autónomas.
Ello explica que, en 2011, la Administración central lograra reducir su déficit en 5.350 millones, mientras que las comunidades autónomas lo incrementaron en 585 millones. De hecho, las autonomías representan el principal riesgo de desvío. Incluso, el FMI alerta que el Gobierno debe supervisar con mayor contundencia las cuentas regionales. En este sentido, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se encuentra en trámite parlamentario, redobla la posibilidad de Hacienda de incidir en los presupuestos autonómicos. La cuestión no es baladí. De cada 100 euros de gasto público, las comunidades tienen el control sobre 34 euros. En cambio, la Administración central decide solo el 20,4% del gasto público y la Seguridad Social, un 31,6%.
Para explicar la nula reducción del déficit autonómico en el último año, los Gobiernos regionales alegan que la mayor parte de su gasto sirve para financiar el Estado del bienestar y, principalmente, la sanidad y la educación, dos áreas en las que resulta complicado reducir las partidas presupuestarias.
En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el viernes medidas para ahorrar hasta 10.000 millones en sanidad y educación. Por un lado, se establece el copago farmacéutico, que supondrá que las rentas más altas lleguen a pagar hasta el 60% del precio de los medicamentos. Además, se establece una fuerte subida de las tasas universitarias, lo que elevará el precio de la matrícula hasta 660 euros a partir del próximo curso.
Se establecieron políticas de gasto en virtud de unos ingresos que ya no existen y nunca volverán
¿El mayor incremento fiscal de la historia?
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se molestó cuando recientemente un periodista le sugirió que este Gobierno había aprobado la mayor subida de impuestos de la historia reciente. Lo negó y aseguró que muchos de sus antecesores tenían más "méritos" en ese campo. Sin embargo, cuesta encontrar un periodo en el que se hayan impulsado tantas subidas fiscales en tan poco tiempo.
El incremento del IRPF aprobado a finales de diciembre, que supone elevar siete puntos el tipo marginal máximo, no tiene precedentes. De hecho, el gravamen máximo no ha cesado de bajar desde el 68,47% en 1982 hasta el 43% en 2007. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero elevó el tributo hasta el 45% el año pasado y el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo ha subido de forma temporal hasta el 52%.
Además, también se incrementó hasta seis puntos el gravamen sobre las rentas del ahorro, otra subida notable y sin parangón en los últimos ejercicios. Por otra parte, Hacienda ha llevado a cabo una profunda reforma en el impuesto sobre sociedades para evitar que las grandes empresas tributen a tipos mucho más bajos que las pymes. La poda de beneficios fiscales incluida en los Presupuestos Generales del Estado de este año permitirá, según los cálculos de Hacienda, elevar la recaudación en 5.350 millones.
Y para ayudar a las cuentas municipales, el Gobierno también estableció una subida del IBI, el impuesto que grava a los propietarios de inmuebles, que permitirá recaudar casi 1.000 millones.
Las cifras
20.867 millones es el importe que se destinó en 2011 a pagar los intereses de la deuda pública, un 52% más que antes de la crisis.
13,4% es el incremento del gasto público desde 2007. Los ingresos, en el mismo periodo, cayeron un 13%.
122.926 millones destinó el conjunto de la Administración a pagar salarios públicos. Equivale al 26,2% del total del gasto público.
