El escaso seguimiento de la huelga de funcionarios debilita a los sindicatos
La huelga general de funcionarios celebrada ayer contra el primer recorte de salarios públicos de la historia quedó muy lejos de paralizar el país. El seguimiento, obviando los servicios mínimos, basculó entre el 75% para los sindicatos convocantes y el 11% según el Gobierno. Fue la primera contestación que sufre el Ejecutivo de Zapatero y un primer paso de lo que puede llegar con la reforma laboral que abarate el despido.
Todos los servicios públicos funcionan con absoluta normalidad". Esta afirmación, repetida por unos y por otros durante la huelga general de empleados públicos de ayer, fue la única en la que coincidieron sindicatos y Gobierno. A partir de ahí, los primeros lo achacaron a la profesionalidad de los trabajadores y a los amplios servicios mínimos aprobados. Por su parte, el Ejecutivo lo imputó al débil seguimiento de la huelga general convocada contra el primer recorte de salarios públicos de la democracia.
Las diferencias de valoración continuaron, como es habitual, en torno a las cifras de seguimiento. CC OO y UGT aseguraron que la convocatoria fue asumida por el 75,3% de los empleados públicos. La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, rebajó el dato hasta el 10,9% en la Administración Central del Estado. Por su parte, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF mantuvo el seguimiento nacional en torno al 60%. En todos los casos, a los 2,6 millones de funcionarios se les restó el personal de los servicios mínimos. "El Gobierno siempre dice que son menos, porque para eso les pagan", argumentó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Enrique Fossoul, quién aseveró que el paro fue "un éxito rotundo". Fuentes sindicales reconocieron, sin embargo, que sus cifras podían ser algo precipitadas, que el colectivo tiene poco músculo en las calles, y que muchos funcionarios no quisieron añadir un día más de salario a la pérdida media del 5%.
Fossoul, Julio Lacuerda, de UGT, y Domingo Fernández, de CSI-CSIF, se manifestaron por la mañana junto a dos millares de empleados públicos -en su mayoría miembros de alguno de los sindicatos- frente al Ministerio de Economía. "Es el que nos quita el dinero", matizaba Fossoul. Unos actos de protesta que se repitieron por todo el país frente a las delegaciones de Gobierno. Especial incidencia tuvo la de Barcelona, celebrada a las puertas del Palau de la Generalitat, sede del Ejecutivo catalán, donde acudieron entre 30.000 y 70.000 manifestantes.
Toxo y Méndez acusan al Gobierno de "maquillar" los datos y amenazan con una huelga general
Servicios mínimos
Aunque en todo momento el país estuvo lejos de quedar paralizado por la huelga, la incidencia de los paros fue mayor en la madrugada del martes. El propio Gobierno elevó al 16% el seguimiento detectado en los turnos nocturnos. Una cifra que rondaba el 80% en el recuento de las centrales.
La mayoría de los servicios de esta franja, destacaron desde CC OO, funcionaron sólo con los servicios mínimos. Una tónica que se repitió todo el día en Correos y entre el personal de prisiones, según las centrales. Eso sí, los servicios mínimos fueron "abusivamente altos" para lo que viene siendo habitual, según denunciaron. Durante la jornada, la Sanidad fue uno de los sectores con mayor respuesta al llamamiento sindical. El 65% del personal decidió no acudir a su puesto de trabajo. Aún superior, contabilizaban en Comisiones Obreras, fue la participación en la huelga registrada en Educación, que ascendió al 70%. Un porcentaje rebajado en primaria, donde rondó el 60%, que ascendía según el nivel formativo hasta el 90% de seguimiento en las universidades.
El efecto de la huelga se vio moderado, no obstante, por la práctica ausencia de paros en los transportes. El personal de muchos de éstos, al ser servicios gestionados mayoritariamente por empresas, no ha visto reducido su salario.
Los responsables sindicales de la función pública centraron las protestas en torno al recorte salarial medio del 5% que el Gobierno ha impuesto a los funcionarios tras pactar con ellos un incremento de sueldo del 0,3% para 2010. Pese a que ellos rechazaron esta lectura, muchos vivieron las concentraciones de ayer como un aviso previo de lo que puede ser la huelga general anunciada si la reforma laboral que se aprueba la próxima semana resulta "lesiva para los derechos de los trabajadores".
Este guante fue recogido por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo, de CC OO, y Cándido Méndez, de UGT. æpermil;stos advirtieron ayer al Ejecutivo de las consecuencias de dejarse guiar por el capricho de los mercados y por las presiones de la Unión Europea. Ambos protagonizaron la principal protesta del día, que discurrió en la tarde de ayer por los escasos dos kilómetros que separan la madrileña fuente de Cibeles del Ministerio de Economía, situado junto a la Puerta del Sol. Toxo recriminó al Gobierno que haya "maquillado" el efecto de la huelga y que la calificara de tener un "alcance limitado". El líder sindical argumentó como muestra que las protestas de la tarde fueron "multitudinarias" -65.000 asistentes según CC OO- pese al "contexto hostil", en referencia al fuerte aguacero que cayó en Madrid y que obligó incluso a acelerar los discursos. Por eso invitó al Ejecutivo a "tomar muy buena nota" de la respuesta ciudadana, "ya que puede ser el principio de muchas cosas", dijo en cuanto a la posibilidad de convocar una huelga general. "Una reforma laboral impuesta provocará otro conflicto", secundó Méndez. El próximo paso, recordaron, será llevar el recorte salarial aplicado a los funcionarios públicos ante los Tribunales.
Mientras tanto el presidente de la CEOE recalco ayer que "el país no está para huelgas". Gerardo Díaz Ferrán, se reune hoy con Toxo, Méndez y Corbacho en el último intento tripartito por pactar la reforma laboral.
El Ejecutivo se limita a mostrar "respeto" por el paro y a defender como "imprescindible" el recorte
La respuesta del Gobierno a la huelga general de funcionarios de ayer fue de perfil bajo. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, manifestó su "tranquilidad" y aseguró que comprende bien la reacción de los trabajadores públicos. Pese a que las manifestaciones más multitudinarias tuvieron lugar frente a las puertas de su Ministerio, ella mostró su "entendimiento" desde Bruselas, donde se reunía con sus homólogos europeos.En la misma línea se mostró el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que manifestó su "respeto" por la huelga, y pidió "comprensión" a los afectados por el recorte salarial. Sus críticas se dirigieron a los miembros del PP que ayer jaleaban la huelga, por lo que Alonso sugirió que "se les está viendo el plumero de una manera demasiado evidente".Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió que los funcionarios que así lo eligieran han ejercido sus "derechos constitucionales", y defendió que el recorte salarial ha sido "imprescindible".Por último, la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, recalcó que todos los servicios "funcionarion con normalidad", dentro del alcance "limitado" del paro, y pidió disculpas a los ciudadanos por las molestias causadas.
Cataluña, la que más secundó el paro, y Navarra, la que menos
La participación en la huelga de empleados públicos no fue igual por comunidades autónomas. Según los datos facilitados ayer por las centrales sindicales UGT y CC OO, las regiones en las que más se movilizaron los funcionarios fueron Asturias y Galicia, ya que según sus cifras, el 81% y el 80% de los empleados públicos secundó los paros convocados por los sindicatos. En el lado contrario se situaron País Vasco y La Rioja, con un seguimiento del 49% y del 40%, respectivamente.Unas cifras radicalmente distintas a las ofrecidas por los gobiernos autonómicos y que en la mayoría de casos minimizaron el impacto de esas convocatorias. Así se puede comprobar en el caso de Navarra, donde los sindicatos estimaron un seguimiento cercano al 77%, mientras que el Ejecutivo lo rebajó hasta el 2,42%. Según las cifras hechas públicas por el gobierno foral de Navarra, de los 24.353 empleados autonómicos, más del 21% (5.164 trabajadores) debían atender ayer los servicios mínimos. De los 19.188 restantes, tan sólo 430 se sumaron a la convocatoria de huelga, según los cálculos del Ejecutivo regional, lo que arroja el porcentaje del 2,24%.ComunidadesEn el otro lado se situó Cataluña, la segunda región por funcionarios autonómicos (163.804) tan sólo superada por Andalucía, que fue la región en la que se produjo ayer un mayor seguimiento de la huelga. Según los datos ofrecidos por la Generalitat, el 11,5% de los funcionarios autonómico secundó los paros. El mayor seguimiento se produjo entre el personal de las escuelas públicas, ya que 9.500 profesores (el 12,7% del total) se adhirieron a los paros convocados. El Conseller de Innovación, Josep Huguet, prefirió no entrar en una guerra de cifras con los sindicatos (que estimaron una participación del 75%) y se limitó a decir que la jornada "evidenciaba un malestar entre los funcionarios".La participación en las convocatorias en las otras dos comunidades con más funcionarios autonómicos (Andalucía y Madrid) también fue muy reducido, al limitarse al 9,3% y al 8,6%, respectivamente. En general, el seguimiento de los paros entre los funcionarios regionales fue muy reducido y la media de todas las comunidades no superó el 10%.No muy distinto fue el resultado en los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguró ayer que apenas 63.000 empleados públicos municipales (el 10,5% del total) secundaron los paros. Para la obtención de ese porcentaje, la FEMP realizó una encuesta entre 50 ayuntamientos y 50 diputaciones, seleccionadas por criterios de población, territorio y signo político. Incluso hubo consistorios, como el de Catral (Alicante), que concedió a sus empleados un permiso por asuntos propios para evitar que tuvieran que decidir si hacer huelga o no, según denunció ayer el grupo socialista de la citada corporación. Sin embargo, la huelga sí fue secundada en algunos ayuntamientos importantes, como el de Barcelona, en el que más del 21% de sus empleados no trabajó.JusticiaPero si el seguimiento fue escaso en comunidades autónomas y ayuntamientos, la repercusión de las movilizaciones fue todavía menor entre los organismos de justicia, como el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial o la Audiencia Nacional. Un dato que revela este hecho es que no fue necesario suspender ninguna deliberación o vista prevista para el día de ayer. Especialmente significativas fueron las cifras relativas al Tribunal Supremo, en el que hay 600 empleados, de los que 140 son personal laboral y 460 son funcionarios. De estos últimos, tan sólo 15 hicieron huelga, lo que supone un 3,2% del total.
Las cifras
5% es la rebaja media de sueldo impuesta por el Ejecutivo a los empleados públicos para este ejercicio en el plan de austeridad.0,3% es el incremento salarial pactado por el Gobierno con los sindicatos del sector para este año.4.500 millones de euros es el ahorro que el Ministerio de Economía espera obtener.
Congreso y Senado
La huelga tuvo una escasa participación en el Congreso y en el Senado. Los paros fueron secundados por el 5,44% de los trabajadores de la Cámara Baja (25 de 459). En el Senado, de los 331 funcionarios que trabajan en el horario ordinario y de mañana, tan sólo 27 secundaron el paro.