La legislación establece un mecanismo de revalorización de pensiones en función de la inflación prevista, que se ajusta a año vencido para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Así, en enero las prestaciones se elevan en cuantía similar a la inflación estimada, que en 2012 era del 1%, y cuando se conozca el avance del índice de precios de consumo interanual generado entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012, se añade la desviación producida sobre el citado 1% estimado.
En este caso, y si la inflación se dispara hasta el 3% este mismo año como consecuencia de la fuerte subida del impuesto sobre el valor añadido y la aplicación del copago farmacéutico, el Gobierno debe abonar a los pensionistas un 2% adicional de cuantía con cargo a 2012, para después aplicar la subida de 2013.
Dos puntos adicionales en la cuantía de todas y cada una de los nueve millones de pensiones existentes en España supone unos 2.000 millones de euros, que se consolidarían en las prestaciones para siempre, y que, por tanto, habría que repagar también en 2013. Es una cantidad modesta para el presupuesto de la Seguridad Social, pero muy elevada para el escaso margen de maniobra con el que cuentan sus gestores ahora.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha hecho siempre causa personal la subida de las pensiones, tanto en la oposición como en el Gobierno. En su última comparecencia pública, el 3 de agosto, insistió de nuevo en que "no recortará las pensiones". Pero la Seguridad Social ya ha hecho unas cuantas cosas para tratar de enderezar sus cuentas maltrechas, y hará algunas más en septiembre, a propósito de la presentación del presupuesto de 2013.
Ha elevado cinco puntos las bases máximas de cotización del sistema a cambio de un incremento de solo un punto en la pensión máxima, para absorber el impacto contractivo en los ingresos de la bajada de un punto en la cuota patronal por contingencias comunes. Además, ha eliminado prácticamente todas las bonificaciones en Seguridad Social, y tiene intención de activar el factor de sostenibilidad financiera, que el Pacto de Toledo aplazaba para dentro de unos años.
Tal factor de sostenibilidad, analizando la edad real de jubilación, la esperanza de vida de los nuevos pasivos, la situación del empleo y de las cuantas públicas, determinará la conveniencia de subir las pensiones o de congelarlas, dejando en suspenso la legislación actual que obliga a subirlas tanto como se estime que lo hará la inflación.
Tal como están hoy las cuentas, tras haber desbloqueado el uso de cuantas partidas están al alcance de la mano del Gobierno, incluido el fondo de las mutuas, y cuanto el número de cotizantes desciende a tasas del 4% y la partida de pensiones asciende a tasas similares, el Gobierno no subirá las pensiones en 2013, o no corregirá los atrasos de 2012, según los cálculos de los expertos. A menos que se eche mano del Fondo de Reserva.
El IVA llevará la inflación hasta el 3% este año
Recesión con inflación. La economía española se encamina hacia una etapa que combinará ambos fenómenos. El alza del IVA del 1 de septiembre, disparará el IPC al 3% a finales de año, según los expertos consultados por Funcas, pese a la extrema debilidad del consumo. Muchas empresas, en especial las textiles y las ligadas a ventas minoristas, no trasladarán la subida íntegra por la falta de demanda
Presionado por Bruselas, el Ejecutivo de Zapatero aprobó en julio de 2010 una doble subida del IVA: el tipo general pasó del 16% al 18% y el reducido pasó del 7% al 8%. El impacto en los precios fue progresivo e importante, pasando el IPC del 1,9% en julio al 3,8% en abril: dos puntos en nueve meses. Ahora, Rajoy aplicará otra doble subida: el tipo general pasa del 18% al 21%, y el reducido, del 8% al 10%.
Un incremento mucho más fuerte que el de 2010 y que en teoría debería disparar el IPC al menos dos o tres puntos (el último dato correspondiente a julio lo ha situado en el 2,2%), situándolo en el entorno del 4% o del 5%. Sin embargo, los expertos consultados por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) son mucho más prudentes y vaticinan que los precios crecerán en torno al 3% a finales de este año, cuando tocarán máximos para posteriormente moderar su crecimiento a niveles del 2%. Los analistas creen que apenas se trasladará un 40% de la subida impositiva a los precios, lo que tendrá un impacto de ocho décimas.
Las diferencias entre ambas situaciones radican en el crecimiento y en el consumo. El segundo trimestre de 2010 supuso la falsa salida de la recesión y el consumo de los hogares crecía a tasas del 1,5%, lo que permitió a las empresas trasladar de forma íntegra el incremento impositivo sin necesidad de tener que tocar márgenes. El tercer trimestre de 2012 es plenamente recesivo, con el consumo de los hogares en caída libre, encadenando cuatro trimestres de descenso. Y eso va a obligar a los empresarios a reducir sus márgenes para no tener que subir precios.
Un buen ejemplo de esta tendencia se ha producido en julio. El copago farmacéutico y la salida de gran número de medicamentos de la lista de fármacos subvencionados por la Seguridad Social aportó tres décimas al IPC, cuyo efecto se vio diluido por las rebajas en vestido y calzado, que acumulan caídas del 13% y 16% en siete meses. Así, la inflación subyacente cedió cinco décimas desde enero.
