Ayer entró en vigor la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que reconoce el derecho de los ciudadanos a exigir a cualquiera de las tres administraciones públicas que los trámites burocráticos los pueda realizar vía telemática a partir de 2009. De esta forma, el Gobierno considera que el nuevo texto legal fomentará la realización de tramitaciones administrativas por internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.

Para ello, está previsto que este año la AGE invierta 1.900 millones de euros en la aplicación de nuevas tecnologías, que permitirán su plena adaptación a los procedimientos electrónicos.

No obstante, las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.

La Ley permite a los ciudadanos utilizar los programas y el software que deseen, de forma que tanto los usuarios de software libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas, ya que las Administraciones tendrán que usar estándares de uso generalizado, para evitar discriminaciones.

Otro de los objetivos de la norma es agilizar y facilitar los trámites burocráticos, de forma que las Administraciones tendrán que garantizar la interoperabilidad entre sus sistemas electrónicos.

Un apartado obliga al Gobierno a garantizar el acceso telemático a las Administraciones a todos los ciudadanos, especialmente a las personas mayores y discapacitadas.