Las empresas se quejan de la Ley de Dependencia

Es muy difícil para las empresas manejarse en 17 marcos normativos diferentes'. Esta queja es cada vez más recurrente en todos y cada uno de los sectores a medida que España continúa con su proceso de descentralización administrativa. Pero en esta ocasión, el reproche llega de un sector cuya voz no suele escucharse mucho en los círculos económicos: el de las empresas de atención a personas dependientes (residencias, centros de día, servicios de atención a domicilio o teleasistencia).

La queja sobre la ausencia de un marco normativo común a las comunidades autónomas, que lanza Ana García, presidenta de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes (Aerte) de la Comunidad Valenciana es compartida por la mayoría de los representantes empresariales del sector, reunidos recientemente en Madrid en unas jornadas del Grupo Júbilo.

El problema radica en que, transcurridos 15 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, el Gobierno aún no ha desarrollado dos normativas estatales esenciales para que las empresas operen con seguridad. La primera de estas leyes es la que fija los criterios comunes para la acreditación de los centros y compañías de prestación de servicios; y la segunda norma es la que fija los umbrales de renta que servirán para determinar la parte de los servicios de deberá pagar el usuario para completar las ayudas públicas.

Ante la falta de criterios comunes de acreditación y de calidad de los servicios, los cientos de empresas que ya funcionan en el sector, autorizadas por sus comunidades, siguen con su actividad. Sin embargo, a la mayoría de ellas les preocupa que los nuevos criterios de calidad les dejen fuera del sistema. 'Hay que vertebrar el concepto de calidad con una mentalidad abierta, evitando parámetros que no son decisivos para determinar la calidad del servicio', asegura Ignacio Fernández Cid, presidente de la patronal madrileña de residencias de tercera edad y centros de día. Según sus cálculos incluso con la ley a pleno rendimiento, los centros públicos sólo podrán atender al 30% de los dependientes, poro lo que 'no se pueden dejar en el camino a las empresas que ya llevan muchos años funcionando'.

La otra gran queja empresarial tiene que ver con la financiación y ayudas públicas a estos centros. 'Hay una notable falta de dotación presupuestaria para cumplir con los ambiciosos proyectos y expectativas que creó el Gobierno con esta norma', asegura Vicenç Vicente, presidente de ACRA (Asociación Catalana de Recursos Asistenciales).

Norma engañosa

En su opinión la Ley de Dependencia 'no sólo ha defraudado las expectativas de los usuarios sino que también es engañosa para las empresas: esperamos nutrirnos de un buen número de clientes, que requieren inversiones que tienen un complejo retorno y, al tiempo, las ayudas públicas no se ajustan al coste real de una plaza en una residencia'.

De hecho, según un estudio citado por Jorge Güarner, presidente de Aeste (Asociación Estatal de Servicios Residenciales para la Tercera Edad), una plaza gestionada por una administración pública cuesta tres veces más que la ayuda que da dicha administración a un centro concertado para esa plaza.

Igualmente, los empresarios critican que las ayudas económicas a cuidadores familiares no profesionales, que la ley preveía como 'excepcionales', están siendo las más generales, algo que Fernández Cid calificó como un 'verdadero peligro'.

Desde el Ministerio de Trabajo, el subdirector general del Imserso, Pablo Cobo se defiende: 'No estamos aún en condición de homologar los precios (de las plazas residenciales y servicios) porque no están homologadas las condiciones de acreditación y calidad de los centros'. Se refería a la normativa que aún queda por desarrollar pero, en su descargo, aseguró que en los cinco primeros meses de puesta en marcha de la ley, el Gobierno y las comunidades aprobaron cinco decretos para que arrancara la norma y ya se han presupuestado 2.500 millones para su funcionamiento.