Las empresas serán penalizadas por el trabajo irregular de sus subcontratas
El plan de afloramiento del empleo sumergido ultimado por Trabajo quiere hacer de las empresas un sujeto activo en la inspección del fraude. Las compañías rendirán cuentas por las irregularidades que se detecten en todo tipo de subcontrataciones. Los datos de 2010 constatan el repunte de las sanciones (250 millones de euros) y de los empleados afectados (571.864).
El Ejecutivo está decidido a reforzar el control y las sanciones para procurar que las empresas contraten a sus trabajadores de manera legal. Patronal y sindicatos ya conocen el plan de actuación, contenido en el borrador del decreto-ley de medidas para el afloramiento y control del empleo sumergido. La idea es que, tras un periodo de gracia para regularizar la situación sin aplicar sanciones, Trabajo quiere contar con un importantísimo aliado en la lucha contra el empleo fraudulento: las propias empresas.
Según lee el documento, que podría llevarse mañana al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso CincoDías, "los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, responderán solidariamente de las infracciones" que se cometan. Es decir, responderán por las malas prácticas llevadas a cabo por cualquier empresa con la que tengan relación contractual.
El matiz introducido es importante, ya que hasta ahora las compañías solo tenían la obligación de rendir cuentas por las subcontratas que realizaban trabajos puntuales. Ahora se deberá comprobar la legalidad de las empresas con las que se trata antes de iniciar la actividad subcontratada, ya que de existir fraude "se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados".
El Ejecutivo quiere que, tras un periodo de gracia, las empresas se conviertan en parte activa del control del empleo sumergido
Exclusión de las bonificaciones
El endurecimiento del castigo al fraude tendrá que ver también con el recorte de beneficios de los que podrán gozar los infractores. Así, el borrador de decreto-ley establece que "se amplía el plazo de exclusión del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por un periodo máximo de dos años para los supuestos de infracciones muy graves por conductas relacionadas con el empleo sumergido".
Estas sanciones accesorias se refieren a las ayudas de fomento del empleo, formación ocupacional y protección por desempleo. Asimismo, como ya pasa en caso de ser expedientado por Hacienda, las empresas que no tengan en regla a sus trabajadores tendrán prohibido "contratar con las Administraciones públicas".
La Inspección recauda 250 millones, un 7% más
En el borrador del decreto-ley contra el empleo sumergido presentado a sindicatos y patronal se deja claro que la intención del Ejecutivo es contribuir a mejorar las condiciones laborales de los españoles, así como al "restablecimiento del equilibrio presupuestario público".Comparadas con el volumen estimado de la economía sumergida, que el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, ha situado en varias ocasiones entre el 15% y el 25% del PIB, las sanciones impuestas por Inspección de Trabajo se antojan algo escasas.En 2010 se recaudaron 249.950.617 euros, un 6,7% más que en 2009 pero 40 millones menos que en 2008. De la misma manera, las infracciones registradas por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social afectaron a 571.864 empleados, 100.000 más que en 2009. Con todo, el pico en lo que a trabajadores implicados se refiere se logró en 2008, cuando se superaron los 680.000.Llama la atención el incremento registrado en el área de Relaciones Laborales, en la que se incluyen mediaciones y consultas, así como contratos transformados en indefinidos. Más de 240.000 trabajadores se vieron afectados por las actuaciones de Trabajo en este tipo de fraude. En esta categoría entrarían, por ejemplo, los trabajadores que cobran en dinero B para poder percibir el subsidio por desempleo.Han subido también las intervenciones efectuadas en el área de Seguridad Social. El alza del importe de las sanciones, que sobrepasaron en 2010 los 90 millones de euros, como los expedientes liquidatorios, que superan los 1.000 millones, indican que la evasión de cuotas es una práctica recurrente en tiempos de crisis.