El incremento salarial pactado en los 3.401 convenios colectivos firmados hasta julio por patronal y sindicatos se situó en un promedio del 2,67%, según los datos facilitados ayer por Comisiones Obreras, incrementos que afectan a 7,4 millones de trabajadores. El acuerdo de negociación colectiva (ANC) quedó roto en marzo por las discrepancias de los agentes sociales en torno a la cuantía de las subidas que debían aplicarse este año. Teniendo en cuenta que CC OO y UGT pedían incrementos de entre el 2% y el 3%; y los empresarios exigían aumentos inferiores al 1%, el dato de julio podría parecer una victoria sindical.

Sin embargo, los sindicatos acusan a la patronal de que en algunos casos esas alzas pactados no se están aplicando. Ambas centrales aseguran, además, que la CEOE mantiene bloqueada la firma de unos 1.800 convenios colectivos, que afectarían a unos cuatro millones de trabajadores, según sus propios cálculos. Fuentes patronales, a su vez, sostienen que son los sindicatos quienes dilatan la firma de los convenios hasta que la caída del IPC no sea tan evidente (-1,4%, según el dato adelantado de julio), para asegurarse mayores incrementos.

Uno de los grandes puntos de conflicto, no obstante, entre las posiciones enfrentadas de los agentes sociales, radica en las llamadas cláusulas de descuelgue. Éstas permiten a los empresarios no aplicar los aumentos de sueldo acordados en caso de que la compañía atraviese dificultades económicas. Hasta julio, 454 acuerdos sectoriales o de agrupaciones empresariales incluían dichas cláusulas. El dato se traduce en que 5.043.147 trabajadores pueden ver congelados sus sueldos en cumplimiento de su convenio.

Trabajo pide más flexibilidad

Pese a todo, las citadas cláusulas no pueden aplicarse a discreción. En muchos casos es necesario que la compañía presente pérdidas. Y ahí llegan las diferencias de criterio. La CEOE reclama la simplificación de "las excesivas exigencias" impuestas para su uso, ya que éstas "pueden contribuir a que los empresarios afectados opten por acudir a procedimientos concursales". La flexibilización de las cláusulas es una petición patronal, que el propio Gobierno recomendó en su primer borrador de pacto social. La idea es que si se facilita al empresario que ajuste costes salariales durante la crisis, no recurrirá como primera opción al despido. Desde CC OO no se niegan, pero reclaman al tiempo que los salarios puedan verse incrementados por encima de lo acordado en periodos de bonanza. A la espera de cualquier reforma de la negociación colectiva que los agentes sociales sean capaces de acordar, los sindicatos advierten que si en otoño la patronal no cumple con los incrementos pactados, y no avanza en la firma de los convenios pendientes, iniciarán movilizaciones.