Las empresas aceptan una quita de 3.000 millones para cobrar del sector público

La mayoría de iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy desde que se constituyó en diciembre pasan por facilitar a las comunidades y ayuntamientos el pago de las facturas atrasadas. La última medida en este sentido que avanzó el martes nace con la voluntad de ser definitiva. Fuentes del sector explican que el plan podría articularse a través de un consorcio entre la banca y el ICO, que pedirían préstamos al mercado mayorista y, con ese dinero, abonarían las facturas impagadas a los proveedores de la Administración. Ese importe se consignaría, siempre según esas fuentes, como deuda financiera de la Administración titular de la deuda. Todo apunta a que el sistema ofrecerá un periodo de carencia de unos tres años y permitirá que comunidades y ayuntamientos devuelvan en seis o siete ejercicios el importe abonado por la banca a sus proveedores.

En cualquier caso, el plan, que aún debe concretarse, no contempla el pago de los intereses de demora que se generan cuando una factura vence sin haberse cobrado. En 2011, la Administración debía pagar en 50 días, un plazo que a partir de este año se ha reducido a 40 días, según la Ley de Morosidad. Comunidades autónomas y ayuntamientos incumplen repetidamente esos umbrales y, por lo tanto, están obligados a abonar intereses de demora, cuyo tipo actual es del 8%.

El temor a perder un cliente

Con los datos del sector, que calcula que la deuda comercial asciende a 40.000 millones de euros, el sector público debe, solo en intereses de demora, más de 3.000 millones. Un importe que el plan que pondrá en marcha el Gobierno omite. En cualquier caso, la grave situación que atraviesan las empresas que son proveedoras de las administraciones públicas relativiza este problema. "Que me paguen el principal y luego ya me preocuparé de los intereses", señalan fuentes empresariales.

De hecho, los expertos apuntan que muchas compañías renuncian a reclamar los intereses de demora ya que, en algunos casos, pueden suponer trámites engorrosos que se dilatan en el tiempo. Y muchas veces, una empresa perdona los intereses ante el temor de no volver a trabajar con la Administración. Además, la ley también contempla la reclamación de indemnizaciones por "costes de cobro" derivados del impago, una posibilidad poco utilizada por el sector privado cuando la deuda procede de una administración pública.

En cualquier caso, a día de hoy, la alta morosidad del sector público supone uno de los principales problemas al que se enfrentan las empresas. Ello es especialmente sangrante en el sector sanitario. Un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) señala que la "deuda visible" -integrada por el suministro de medicamentos y la compra de tecnología sanitaria- ascendía a finales de 2011 a 11.600 millones de euros, un 35% más que el año anterior. La llamada "deuda invisible", que es aquella que por su complejidad resulta difícil de calcular, se estima en otros 4.100 millones. Juan Abarca, secretario general del IDIS, asegura que de los 15.700 millones de deuda sanitaria, "el 74% corresponde a facturas ya vencidas que deberían haber sido liquidadas si se tienen en cuenta los límites de pago establecidos". La organización apunta que la Administración pública abona en 525 días los pedidos de medicamentos. De hecho, algunos grandes laboratorios y la patronal Farmaindustria ya han amenazado con cortar los suministros ante el impago recurrente del sector público. La compañía Roche ha empezado a exigir cobrar al contado para comerciar con las comunidades.

El periodo medio para abonar las facturas de medicamentos pasó de 390 días en 2010 a 525 días el año pasado. En Castilla y León, la espera para cobrar las facturas asciende a 816 días y, en Andalucía, alcanza los 746 días. IDIS denuncia que todas las comunidades incumplen la Ley de Morosidad. Solo el País Vasco y Navarra se acercan a los umbrales exigidos.

A diferencia de las comunidades, la Administración central sí que suele pagar en plazo. En este sentido, los Gobiernos autonómicos alegan que deben financiar el Estado del bienestar y, por lo tanto, tienen más dificultades para reducir sus partidas de gasto público. En cualquier caso, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha puesto en marcha distintas medidas para asegurar la liquidez de las comunidades autónomas y evitar la quiebra de cualquiera de ellas.

Así, Hacienda elevó de cinco a diez años el plazo para que las regiones devuelvan al Estado central las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. En ambos ejercicios, las comunidades recibieron del Gobierno más recursos de los que finalmente se recaudaron. Solo para 2012, esta medida equivale a una inyección de liquidez de 2.400 millones de euros. Además, los Ejecutivos territoriales que así lo pidan recibirán un adelanto de la liquidación del sistema de financiación de 2010 que, en principio, se cobra el próximo junio. Hacienda estima que esta medida puede suponer otros 8.000 millones adicionales.

En cualquier caso, todo ello parece insuficiente para que las comunidades se pongan al día en sus pagos. De hecho, el nuevo plan "definitivo" para pagar a proveedores fue anunciado pocas semanas después de que se aprobara una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para solucionar el mismo problema.