Los empresarios piden que se "aligere" la Administración

Las propuestas de los empresarios madrileños para "renovar España" caben en cuatro páginas. La Cámara de Comercio, la patronal de la comunidad y la Fundación Rafael del Pino presentaron ayer en unas jornadas en la capital un informe con diez propuestas que piden que se "aligere la Administración". "Hay que reorganizar competencias y promover la eliminación de competencias impropias para fomentar los principios de eficacia y ahorro en la gestión pública", defendió el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández. En el mismo acto, y ante un centenar de personas, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reiteró que el Gobierno reformará las instituciones para evitar una "espiral de gasto".

Los empresarios quieren que se "externalicen aquellos servicios públicos que puedan ser gestionados eficazmente por el sector privado", según explican en el decálogo. Beteta no se pronunció. Sí lo hizo en la campaña electoral el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien advirtió de que "privatizar" resulta "peligroso", ya que el sector privado no siempre gestiona "mejor" y más barato.

Lo que sí dijo el secretario de Estado es que la "estructura pública de España" resulta "sumamente compleja" al "devenir de un país descentralizado". Y repitió que para "sanear la situación y conseguir equilibrio presupuestario" la Administración debe "reformarse".

No es la primera vez que Beteta habla de reducir las "estructuras públicas". En marzo, defendió que las plantillas de las comunidades están "sobredimensionadas" tras años de "ofertas públicas injustificadas".

España tiene 2.690.099 trabajadores públicos entre funcionarios, personal laboral y empleados contratados directamente por las Administraciones, según los últimos datos oficiales. De ellos, poco más de un millón no son funcionarios. A Beteta, según confesó ayer, le molesta que el 34% del personal de los ayuntamientos no tenga plaza de funcionario cuando el 77% de los trabajadores del Estado sí que cuenta con ella. El secretario de Estado cree que el personal local se ha multiplicado en muchos casos por "clientelismo" y no para mejorar los servicios públicos.

El Gobierno ha iniciado las negociaciones con la oposición para reformar la administración local. La norma, que Beteta espera que esté lista en otoño, "eliminará las competencias impropias" de los entes locales, que "les cuestan unos 3.500 millones de euros" que deberían asumir las comunidades.