Londres no logra frenar la ley europea sobre 'hedge funds'

Día de estrenos en Bruselas. El nuevo ministro británico de Finanzas, George Osborne, con fama de euroescéptico, asistió ayer por primera vez a una reunión del Ecofin.

Por desgracia para él, sus homólogos comunitarios aprovecharon la cita para sentar también dos precedentes: primero, un acuerdo político para regular por primera vez en la historia europea los llamados fondos de inversión de alto riesgo o hedge funds; y segundo, alcanzar un acuerdo tan trascendental para el sector bursátil y empresarial a pesar de la clara resistencia de Londres, sede del mayor centro financiero de Europa.

"He llegado con una posición muy comprometida que me dejó el anterior Gobierno", señaló Osborne tras la aprobación del proyecto sometido a votación por la presidencia española de la UE.

El texto, en contra de los intereses de Londres, no permite la comercialización automática en todo el territorio comunitario de los fondos de alto riesgo procedentes de países terceros. El Ecofin debía haberlo aprobado el pasado mes de marzo. Pero una llamada in extremis del entonces primer ministro británico, Gordon Brown, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, logró que España aplazase la votación hasta después de las elecciones en el Reino Unido del 7 de mayo.

Ayer, con el nuevo gobierno del conservador David Cameron ya en el poder, la presidenta semestral del Ecofin, la ministra Elena Salgado, reactivó la tramitación de la ley que, por primera vez, obligará a los gestores de los hedge funds a operar con licencia de las autoridades financieras de los países europeos. Y a facilitar detalles tanto sobre su nivel de apalancamiento como de sus participaciones mayoritarias en empresas europeas, una información que hasta ahora han guardado celosamente.

Reino Unido sólo logró que el acuerdo político de los ministros se hiciera eco de la "inquietud expresada por algunas delegaciones" sobre el impacto de la directiva en los operadores de hedge funds extracomunitarios, a los que se quiere exigir que soliciten autorización en cada uno de los países europeos donde pretendan operar. En la práctica, sin embargo, los únicos gobiernos que comparten esa inquietud son el del Reino Unido y el de la República checa.

Y en otra rocambolesca primicia del día, quedó claro que esos dos gobiernos apuestan por aguar la directiva con la colaboración, precisamente, de las instituciones comunitarias de las que suelen desconfiar.

Londres espera que el Parlamento Europeo, que debe revisar el texto, y la CE, apoyen su propuesta de ofrecer a los operadores de países terceros un pasaporte para comercializar libremente sus fondos en toda Europa. Día de sorprendentes alianzas en Bruselas