Empleo ultima un cambio radical de las jubilaciones anticipada y parcial

Prácticamente una de cada dos jubilaciones que se registran en España se produce antes de la edad legal de retiro (65 años). Y las últimas reformas para limitar las jubilaciones parciales y las anticipadas "no han operado lo suficiente y el sistema sigue demasiado abierto a ellas", opinaba ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Por ello confirmó que el Gobierno presentará en las próximas semanas a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo su propuesta de reforma de estas modalidades de retiro. Entre las modificaciones que pondrá encima de la mesa está la de endurecer el acceso a la jubilación anticipada, que supera los 100.000 beneficiarios en el sistema. La última reforma de pensiones de 2011 ya elevó de los 61 a los 63 años el acceso a esta modalidad de retiro en el caso de que la jubilación sea voluntaria y no por causa no imputable al trabajador (despido). En este último caso se mantiene la edad de 61 años.

De ahí que el endurecimiento solo puede pasar por otro retraso en la edad de acceso o un aumento de los coeficientes penalizadores, situados entre un 6% y un 8% anual, según los años cotizados.

Si bien el retraso en la edad de acceso a los 64 o incluso 65 años solo tendría sentido si el Gobierno decidiese también adelantar el calendario progresivo de implantación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años; ahora previsto para 2027. Este adelanto del calendario previsto en el retraso de la edad de jubilación también se ha barajado como uno de los requisitos que podría poner Bruselas en un eventual rescate de la economía española, pero hasta la fecha, distintos miembros del Ejecutivo han negado este punto en diversas ocasiones.

En cuanto a la jubilación parcial, la propuesta del Gobierno podría llegar a suponer su desaparición si hubiera consenso para ello en el Pacto de Toledo. En la actualidad hay 121.207 beneficiarios con una pensión media mensual de 1.500 euros, lo que tiene un coste para la Seguridad Social de más de 2.000 millones de euros.

Según manifestó Burgos la pasada semana, el Gobierno "tiene que acabar con esos privilegios" que, según describió ayer, "son una gran losa" para las finanzas del sistema de Seguridad Social. "No han cumplido con el objetivo de mantener a la gente trabajando más allá de la edad de jubilación sino todo lo contrario, la están sacando mucho antes del mercado", insistió Burgos. En ese sentido precisó que no se trataría de "nuevos recortes sino de un diseño nuevo" de estas modalidades de jubilación "que es lo que recomienda Bruselas".

Revalorización en el aire

Otra de las recomendaciones en la sombra de Europa para una España con el rescate en el horizonte está relacionada con el actual sistema de revalorización de las pensiones. La ley obliga a actualizarlas cada año en función del IPC de noviembre y consolidar dicha revalorización para siempre en las nóminas a partir del año siguiente.

No obstante, la actual situación de déficit que atraviesa la Seguridad Social ha hecho que se ponga en cuestión la revalorización de 2012. Burgos insistió ayer en que el Ejecutivo "cumplirá la ley" que obliga a hacer esta revalorización y consolidarla. Aunque también precisó que debido al fuerte alza de la inflación (3,5% en agosto) "que nadie se esperaba", cuando se sepa el IPC de noviembre "se evaluará su impacto y se establecerán los mecanismos para que el sistema lo pueda asumir". Si la inflación quedara por encima del 3%, el coste superará con creces los 4.000 millones.

Para que esto no se repita, el Ejecutivo prepara un cambio legal, en la línea de lo demandado por Bruselas, para deslindar esta actualización del IPC general, y podría vincularlo en su lugar al IPC sin impuestos o a la inflación subyacente, que no incluye además, ni los precios de los alimentos ni de la energía.