Una llamada metió en la política a la novelista Aminta Buenaño (Santa Lucía, Ecuador, 1958). "Nunca pensé que sería política. Nunca. Los escritores no hacemos eso", enfatiza la embajadora en su despacho en Madrid, en el que de unas paredes cuelga un retrato de un sonriente Rafael Correa. Él, el presidente, marcó en 2006 el número de la autora para convencerla de que se sumara a la "revolución socialista del siglo XXI". "Queremos darle la vuelta a la tortilla: estamos contra el neoliberalismo", explica la mujer más votada en las elecciones ecuatorianas de 2007. De escribir libros pasó a redactar la Constitución del país suramericano. Desde hace cuatro meses, Buenaño defiende los intereses de los 500.000 compatriotas que calcula que viven en España (de ellos, hay 306.380 empadronados), que poco a poco se están marchando y que, adelanta, serán cada vez menos porque el Gobierno español dejará sin sanidad gratuita a los inmigrantes en situación irregular. En Ecuador, recuerda, no existen ya que, como dice su Carta Magna, "ningún ser humano es ilegal".

¿Tan segura está de que abandonarán España?

Sí. La medida dejar sin tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular es terrible para nosotros. Somos muy respetuosos con las decisiones soberanas del pueblo español y con sus leyes, pero debemos decir que los ecuatorianos vinieron porque España los necesitaba. Durante años, pagaron sus impuestos y cotizaron. Por la situación de crisis, por la burbuja inmobiliaria, muchos se han quedado sin trabajo. Sin empleo, ya no les dan la tarjeta de residencia ni la sanitaria. Es una forma elegante de expulsión, un drama humano.

La ecuatoriana es la población extranjera que más se reduce. Su país crece y su tasa de desempleo es del 4,88% frente al 24,4% de la española.

Yo pregunto: ¿cuáles son los alicientes de España? Su sanidad y su educación, que han sido buenas hasta ahora. La formación universitaria costará más. Sin empleo y sanidad, ¿para qué quedarse? A muchos ecuatorianos les resulta sumamente difícil. Imagínese: han vivido aquí diez años y sus hijos, que nacieron en España, no quieren irse. Reclaman sus estancias, su escuela, sus amiguitos. Es muy duro. Hay que ponerse en el pellejo de los padres, que ya no pueden nacionalizarse si han perdido el trabajo.

¿Está siendo insolidario el Gobierno de Rajoy?

No. Está viviendo una crisis muy dura y compleja. Pero no puede sostenerse sobre los más vulnerables. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dicho que ofrecerá prestaciones sanitarias en reciprocidad con las que reciben los españoles en otros países. En Ecuador, por disposición constitucional, la atención sanitaria es gratuita para todos, para los ecuatorianos y para los 11.000 españoles que tenemos allí.

Asociaciones de inmigrantes calculan que el 10% de los desahucios en España los sufren ecuatorianos.

No tenemos un censo todavía. Lo que hacemos es asesorar jurídicamente a nuestros ciudadanos. El que no conoce es como el que no ve: un ciego. Hay que explicarles sus derechos.

En su visita a España, el presidente Correa criticó a los bancos.

Se buscaba a los ecuatorianos en sus trabajos, se les ofrecían muchas facilidades (para hipotecarse) cuando, en muchos casos, eran trabajadores temporales. Todo banco que se respete debe buscar seguridad. Una entidad tiene una unidad de análisis económico y profesionales especializados en el problema hipotecario. Un inmigrante, en cambio, solo quiere tener su casa y muchas veces carece de educación. ¿Por qué toda la carga se pone sobre él?

Su Gobierno ha prohibido a los bancos españoles que reclamen los bienes que los acreedores posean en Ecuador. ¿Es eso justo?

También hay restricciones. Habrá casos particulares de pillos que tengan un negocio de pisos. A esos sí se les podrá pedir los bienes. Pero a la gente indefensa, vulnerable, que solo tenía una casa para habitar, que ha perdido su trabajo, que es totalmente insolvente, que busca refugio, que tiene que sobrevivir... no dejaremos que se les pueda matar cuando retornen a Ecuador. Tampoco permitimos que ningún banco ecuatoriano compre a precio de gallina enferma los derechos de deuda de una entidad española para que a los migrantes que regresan escapando de la asfixia se les persiga con el terrenito de la esposa o la casita del padre.