Acceder al cobro de la ayuda de 399 euros para parados que hayan agotado todas sus prestaciones y subsidios será mucho más difícil para quienes opten a ello desde el pasado 16 de agosto. El Gobierno prorrogó el viernes por otros seis meses el Plan Prepara, que incluye esta ayuda, pero reformó sus condiciones de acceso para hacerlas más exigentes.
Según explicó ayer la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, el cálculo de rentas del parado para cobrar los 399 euros incluirá ahora a sus padres si conviven en el mismo domicilio. Así, la normativa actual otorgaba esta ayuda a los desempleados con rentas inferiores a 481 euros (el 75% del salario mínimo) por cada miembro de la unidad familiar; solo teniendo en cuenta a los hijos menores de 26 años o mayores con una minusvalía superior al 33%.
A partir de ahora este cálculo tendrá también en cuenta los ingresos de los padres si conviven todos juntos. Estos son algunos casos concretos: si la renta total de una unidad familiar de los padres más el hijo supera los 1.443 euros al mes (ya proceda de salarios, subsidios de desempleo o pensiones), el hijo no tiene derecho a estos 400 euros.
Si el hijo solo vive con uno de los progenitores, las condiciones son aún más estrictas, dado que la renta de la unidad familiar, en lugar de dividirse por tres, se tiene que dividir por dos. Así, a partir de los 962 de renta familiar, el hijo desempleado no cobrará la ayuda.
Ejemplos prácticos
En caso de los parados que tienen hijos y viven con sus padres, la nueva ley es igualmente restrictiva. Una pareja que viva con un hijo y los padres de uno de los cónyuges perdería el derecho a la prestación si las rentas agregadas de los cinco miembros de la unidad familiar superan los 2.400 euros al mes. Serían 2.889 euros si son dos hijos.
Y si una persona con un hijo a su cargo (familia monoparental) se queda en paro y tiene que volver a vivir con sus padres, no tendrá derecho a los 399 euros si la renta de estos es superior a 1.920 euros.
Más de un año en paro
El decreto, que será publicado en el BOE del sábado 25 de agosto, exigirá también que los nuevos beneficiarios sean parados de larga duración (desempleados durante doce meses, consecutivos o no, en los últimos 18 meses). Si bien este requisito no se exigirá a los parados con cargas familiares.
A los cambios se unirá una mayor exigencia al beneficiario en su disposición a formarse y buscar un empleo. En concreto se exigirá al parado "que acredite haber buscado trabajo o haberse formado para mejorar su empleabilidad durante el periodo transcurrido entre la pérdida de otras prestaciones y la solicitud del Prepara". Esta obligación se mantendrá durante todo el programa "y determinará la permanencia del beneficiario en el mismo".
Las cifras
450 euros recibirán los nuevos beneficiarios del Prepara con al menos tres familiares a su cargo.
93% del medio millón de beneficiarios solo recibió una charla de tres horas para elaborar el currículum.
1.300 millones ha costado hasta ahora el plan desde 2011.
Una reforma con algunas incertidumbres
"La técnica del decreto tiene sus limitaciones a la hora de imponer exigencias a las comunidades autónomas", explican fuentes cercanas al Gobierno cuando se les pregunta cómo se va a llevar al cabo el control y una mayor exigencia de los itinerarios personales de cada parado que se beneficie del plan Prepara. Esto es, ¿como se va a exigir a los perceptores de los 400 euros que se reciclen y busquen activamente empleo?
Según explican desde el Ministerio de Empleo, aunque el decreto no especifique este punto, el Gobierno obligará de algún modo a las comunidades a ejercer este control. En concreto, explican que "en el seno de la conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se propondrá que el grado de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa Prepara se introduzca como una de las variables de reparto de los fondos destinados a políticas activas para las comunidades".
O, lo que es lo mismo, que cuantos más parados del Prepara consigan reinsertar las comunidades más dinero recibirán para formación de ocupados y parados en general.
Por ello, para conseguir mejores logros con el programa, las comunidades podrán pedir a sus Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) y a las empresas de trabajo temporal (ETT) con las que realicen convenios de colaboración como agencias privadas de colocación, que los beneficiarios de esta ayuda tengan prioridad a la hora de recibir ofertas de empleo.
No obstante, las condiciones finales de esta colaboración de las comunidades en la gestión del Prepara está sujeta aún a la negociación política.
Asimismo, existen otras incertidumbres como con qué tipo de rentas de inserción de carácter autonómico serán incompatibles los 400 euros, algo que también anunció ayer Empleo.
Igualmente, Báñez tiene previsto negociar a partir de los próximos días con patronal y sindicatos el diseño de los cursos de formación que recibirán los beneficiarios del Prepara.
