El ajuste que va a tener que realizar el Gobierno le va a obligar a reducir partidas hasta ahora intocables. A la subida del IVA o a la supresión de la deducción por compra de vivienda le va a acompañar un severo ajuste en el sector público, que emplea en la actualidad a más de 3,1 millones de asalariados, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
De esa cantidad, 2,4 millones son funcionarios de carrera y otros 690.000 son contratados laborales con carácter temporal. Este último es el colectivo sobre el que se va a centrar los ajustes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya avanzó ayer que se está estudiando la ampliación de jornadas laborales para incrementar la productividad y que el sector público asimile aspectos del régimen privado, lo que significa abrir la puerta para adelgazar las plantillas públicas.
Por administraciones, el grueso de personal laboral (aquellos contratados que prestan servicios retribuidos a las Administraciones Públicas) se concentra en los ayuntamientos, con 384.273 empleados, lo que representa el 55,6%. Algunos consistorios, como el de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya han cerrado EREs para despedir a 390 trabajadores. Solo en Andalucía, los sindicatos calculan que se habrían presentado hasta 250 procesos de regulación en lo que va de año. Este proceso masivo de salidas de trabajadores es el que ha propiciado que el empleo público haya registrado en el primer trimestre de este año una caída de 32.000 trabajadores, algo que no sucedía desde 1999.
Si se analiza la relación contractual de esos trabajadores con cada administración, el margen de ajuste es aún mayor. Uno de cada tres contratados laborales (233.100 en términos absolutos) está cubriendo la ausencia total o parcial de otro trabajador, mientras que otro 26,3% está contratado por obra y servicio (181.800 empleados). De este modo, las administraciones cuentan con margen casi inmediato para dar de baja a 400.000 empleados si la coyuntura económica así lo requiriera.
Las organizaciones sindicales, sin embargo, han insistido en su mensaje de que antes de rescindir los contratos de los laborales habría que suprimir todos los puestos de asesores y personal de confianza, encuadrados dentro de la categoría de otro personal. En junio de 2011, último dato disponible, había 346.323 asalariados en las plantillas de las administraciones públicas, de las que 288.844 (el 83,4%) cobraban un sueldo de las comunidades autónomas.
