El Departamento de Justicia estadounidense explicó que reclamará al menos 5.000 millones de dólares de la agencia de Nueva York por "defraudar" a los inversores.
En su demanda civil, los agentes federales acusan a S&P de presentar como objetivas unas calificaciones "deliberadamente hinchadas" para los bonos hipotecarios, conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateralizada).
Los complejos bonos hipotecarios fueron diseñados por diversos bancos de inversión que contrataron, posteriormente, a estas agencias de calificación para que emitiesen valoraciones sobre la calidad y solvencia de esos paquetes financieros.
La cuestión radica en dilucidar si estas notas de riesgo, que luego se mostraron equivocadas, fueron un error de cálculo de los analistas de estas agencias o formaron parte de una trama interesada para sacar provecho.
El fiscal general de EE UU, Eric Holder, explicó el martes que la investigación se concentrará entre marzo y octubre de 2007, el periodo final de la burbuja inmobiliaria, cuando "casi todas las CDO respaldadas por una hipoteca única y calificadas por S&P no sólo dieron un pobre rendimiento, sino que fracasaron".
Holder realizó el anuncio acompañado por los fiscales generales de seis estados de EE UU y el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington, para enfatizar que la acusación se realizará de manera conjunta desde varias partes del país.
Por ahora, la Administración del presidente Barack Obama solo ha señalado oficialmente a Standard & Poor's, aunque en la prensa económica estadounidense se apunta ya que las siguientes agencias de calificación que pueden ser objeto de demandas civiles por su papel en el estallido de la burbuja financiera serán Moody's y Fitch.
Parece confirmarlo el hecho de que el viernes, el fiscal federal de Nueva York, Eric Schneiderman, confirmó haber enviado esta semana citaciones a las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, para investigar su actuación durante los años previos al estallido de la crisis.
Tras el anuncio del Departamento de Justicia, S&P salió rápidamente al paso subrayando que se defenderá "vigorosamente" en los tribunales y que una demanda en su contra "carecería de méritos legales o factuales".
Asimismo, la calificadora aprovechó la circunstancia para la lanzar un dardo envenenado a los supervisores federales y a la Administración estadounidense.
En un comunicado, Standard & Poor's afirmó que la demanda supone "ignorar los hechos fundamentales de que S&P revisó los mismos datos de las hipotecas de alto riesgo al igual que el resto del mercado, incluidos los funcionarios gubernamentales que en 2007 indicaron que los problemas de estas hipotecas parecían estar contenidos".
No obstante, el anuncio de la investigación federal se hacía notar esta semana en las acciones de las principales calificadoras de riesgos, que cotizaban a la baja.
McGraw-Hill, matriz de S&P, caía el viernes el 1,46 % hacia el ecuador de la sesión en la bolsa de Nueva York (NYSE), mientras que las de Moody's se dejaban otro fuerte 5,96 %.
