Según se desprende de los últimos informes de fiscalización de los partidos del Tribunal de Cuentas, al no identificarse a los donantes resultaba imposible comprobar si se cumplía la ley, que establecía que no se podían recibir aportaciones de una misma persona física o jurídica superiores a los diez millones de pesetas (60.100 euros).
La reforma de la ley de financiación de los partidos de julio de 2007 prohibió las donaciones anónimas -y las procedentes de empresas que contraten o presten servicios a la administración-, y situó el limite de las aportaciones de una misma persona o empresa en 100.000 euros anuales.
El último informe del Tribunal de Cuentas publicado audita precisamente las cuentas de 2007.
En ese ejercicio, las formaciones políticas recaudaron 11,3 millones de euros en donaciones privadas, de los que 7,1 (casi el 63%) correspondieron a aportaciones anónimas, aunque sólo fueron legales durante los primeros seis meses del año.
El PP recibió 4,9 millones (2,6 millones correspondieron a donaciones anónimas); el PSOE ingresó 1,8 millones (1,2 anónimos) y el PSC, 204.614 euros de donantes identificados.
CiU apenas recaudó 33.000 euros en donaciones privadas en 2007, pero CDC obtuvo por esa vía 1,8 millones (más de 1,4 millones anónimos) y UDC, 712.000 euros (431.500 anónimos).
En 2006, el último ejercicio completo en el que los partidos pudieron recibir aportaciones anónimas, los partidos recaudaron 10,6 millones en donaciones privadas y, de ellos, 9,1 fueron ingresados sin identificar al donante.
Esa era la práctica más habitual, según los informes del Tribunal de Cuentas.
En 2005 las donaciones ascendieron a 8,7 millones de euros (7,7 millones anónimos) y en 2004 los partidos recaudaron por esa vía 9,6 millones (7,9 de carácter anónimo).
A lo largo de 2003 las donaciones a los partidos sumaron 12,1 millones de euros (9,4 anónimos) y en 2002 las formaciones políticas ingresaron gracias a las aportaciones privadas 9,6 millones (8,8 anónimos). EFE
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