La transparencia es una asignatura pendiente en las diputaciones, cabildos y consells. En una escala de cero a cien puntos elaborada por Transparencia Internacional España sobre la base de 80 parámetros, estas instituciones obtienen "una muy discreta puntuación media" de 48,6, lo que les sitúa por debajo del aprobado. Estos entes han estado en el centro del debate político sobre la reducción del sector público e incluso el PSOE propuso en campaña electoral su supresión y sustitución por consejos de alcaldes.
Las diputaciones suspenden en transparencia a pesar de que los autores del informe advirtieron a cada una de forma individualizada de la nota obtenida previa a su publicación y les dieron tiempo incluso para corregir. En el índice general hay 18 diputaciones que aprueban, mientras que otras 27 están por debajo de los 50 puntos. Lidera el ranking la de Vizcaya, mientras que la más opaca es la de Toledo. La evaluación se divide en cinco apartados: información sobre la diputación, relaciones con ciudadanos y sociedad, transparencia económica-financiera, en las contrataciones de servicios y en el apoyo a los municipios.
Económico-financiero
Es en el apartado económico-financiero donde las diputaciones están menos abiertas, con 27,2 puntos sobre 100. En este capítulo los autores del informe han indagado si las diputaciones publican sus cuentas anuales, sus presupuestos, cifras parciales de ejecución presupuestaria, informes de auditoría, el periodo medio de pago a los proveedores de la institución o el importe total de la deuda contraída.
"Falta un larguísimo camino por recorrer", expuso Antonio Garrigues, patrono vitalicio de Transparencia Internacional España. En su opinión, el impulso hacia la transparencia es "imparable" porque los ciudadanos no van a ceder en su deseo de conocer el funcionamiento de las instituciones. El deseo de saber dará paso al derecho a conocer y para ello el Gobierno está elaborando un proyecto de ley de Transparencia.
Las diputaciones más transparentes coinciden con las de mayor tamaño y responsabilidades. Así, las 15 mayores obtienen una puntuación media de 54,1. El informe solo valora si la información requerida está o no disponible, pero no entra en si los datos son correctos o en la calidad de la gestión de los políticos. A pesar del resultado del test, los autores del estudio defienden la función de las diputaciones. Se trata de entes "bastante desconocidos a nivel general" que prestan multitud de servicios a las poblaciones de reducido tamaño.
En el apartado en que las instituciones son más transparentes es en el de las contrataciones de servicios, en el que obtienen una nota media de 85 puntos. Se ha valorado que las instituciones informan sobre la composición y convocatorias de las mesas de contratación, cuelgan en la web la apertura de nuevos concursos, dan a conocer la lista de las operaciones con los proveedores más importantes y los contratos más relevantes de la diputación.
Relación con ayuntamientos
En su relación de prestadoras de servicios y apoyo a los ayuntamientos, las diputaciones españolas se quedan dos puntos por debajo del nivel de aprobado en transparencia. En este capítulo se ha evaluado si en sus webs tienen una sección visible dedicada al plan de obras y servicios, así como si es accesible el catálogo de servicios de gestión tributaria que pueden solicitar los ayuntamientos. En este apartado se ha valorado también si las diputaciones publican de forma actualizada la distribución de los cargos y puestos de trabajo asignados a los servicios fundamentales que desempeña la diputación.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, apuntó que la experiencia después de las publicaciones de otros estudios similares es que las instituciones aludidas van mejorando "sus resultados a posteriori". Este tipo de informes tienen un "efecto didáctico", ya que ponen de manifiesto "para qué sirven" las diputaciones en un momento en el que el debate sobre la organización de la administración local está sobre la mesa.
En este sentido, Jesús Lizcano explicó que el informe tiene dos objetivos principales, que son tanto informar a la sociedad de su papel en el aparato burocrático, como propiciar la mejora de la transparencia.
Reducir la opacidad de sindicatos y partidos políticos
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, opinó ayer en la presentación del informe que "sería bueno" que fueran lo "más transparentes posible" tanto sindicatos como partidos políticos o incluso la Casa Real, aunque directamente no se les obligue en el actual anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha presentado el Gobierno. "Nosotros defendemos que, aunque no se obligue a las instituciones, ellas mismas pueden, y sería bueno que fueran lo más transparente", explicó.
El Gobierno pretende con esta ley que la administración haga pública cada vez más información de oficio. En paralelo, se establecerá un procedimiento claro para que se pueda acceder a la información que no esté publicada.
