Nuevo balón de oxígeno a los ayuntamientos y ya van unos cuantos. El Consejo de Ministros aprobó el viernes una modificación de la Ley de Haciendas Locales que permitirá a los ayuntamientos aumentar su recaudación por el impuesto de plusvalía, aquel que se paga cuando se produce la transmisión de la propiedad de los terrenos, por ejemplo al vender una casa o recibir una propiedad en herencia. Aunque el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), que es como se denomina, es un tributo que no tienen todos los municipios, ya que es opcional, valga como ejemplo que para las arcas de Madrid, que sí lo cobra, esta modificación puede suponer una recaudación extra de 60 millones este año y 120 millones más en 2013. Luego la modificación que ahora se aprueba no es desdeñable.
Para fijar la cuota del tributo (el importe que debe abonarse al Ayuntamiento) se debe aplicar un porcentaje sobre el valor catastral del inmueble en el momento de la transmisión. Este porcentaje varía en función de los años transcurridos entre el momento de la adquisición y el de la venta.
Por ejemplo, en Madrid, la cuota a pagar máxima de un inmueble en la actualidad es el 3% del valor del terreno, y para ello deben haber transcurrido más de 20 años entre la compra y la venta (el ITP o el IVA es el 7% y 8% respectivamente del valor total del inmueble, no solo del terreno). Por ello, los ayuntamientos habían reclamado contar con más margen para incrementar este tributo que se paga en ocasiones puntuales y no periódicamente. Ahora la supresión de una de sus bonificaciones permitirá que aumente la recaudación por este concepto, que en 2009 alcanzó los 1.233 millones, el 2% de los ingresos totales de los municipios.
Por otro lado, el Gobierno tiene previsto reestructurar el sistema de tributación del impuesto sobre las labores del tabaco, actuando sobre los tramos específico y ad valorem que gravan a los cigarrillos, una medida que permitirá ingresar 150 millones más este año. "No se trata de subir el tipo, sino de una redistribución dentro del propio gravamen", insistieron en Hacienda.
Tasas para evitar la "litigiosidad artificial"
El Ministerio de Justicia quiere acabar con el atasco que atenaza al sistema y una de las vías para lograrlo es disuadir, vía tasas, del uso de los órganos judiciales, especialmente para recursos de segunda instancia. El Gobierno pretende terminar con la "litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados". Se propone una subida de tasas para las ya existentes cuando se interpone una demanda o recurso en civil y contencioso-administrativo.
Se aplicará el alza también a las tasas en segunda instancia de lo social. Justicia pretende prácticamente duplicar los ingresos por esta vía para pasar de los 172 millones de 2010 a unos 300 millones cuando el nuevo régimen de tasas esté funcionando. Una de las novedades es que las personas físicas deberán también pagar en segunda instancia, y no solo las empresas, como hasta ahora. Para las personas físicas se establece, eso sí, un mínimo de renta exento para no impedir el acceso a la tutela judicial efectiva a los usuarios con menos recursos.
La subida de las tasas (ver cuadro superior) oscila entre los 50 y los 750 euros. El Gobierno justifica esta medida por la necesidad de que los ciudadanos sufraguen el coste real que tiene para el sistema recurrir una decisión judicial. La recaudación se destinará a financiar el servicio de justicia gratuita para personas con escasa renta, informa Borja Guerrero.
