El dilema de mandar o no al juez el convenio de la construcción

La publicación del convenio de la construcción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tenía ayer en ascuas a empresarios y sindicatos. Tras apreciar que no se ajustaba a la nueva ley tras la reforma laboral -porque no reconocía la prioridad absoluta del convenio de empresa- la Dirección General de Empleo requirió a los firmantes que lo rectificaran y estos se negaron.

Sin embargo, el miércoles a última hora los responsables de Empleo decidieron registrarlo inmediatamente y enviarlo al BOE. Y así llegaron a comunicárselo a los sindicatos ayer por la mañana. A pesar de esta comunicación, desde el Ministerio eran reacios a confirmar oficialmente cuándo se producirá el registro.

Sin embargo, a tenor de distintas fuentes jurídicas, el Gobierno no haría lo correcto si finalmente registra el convenio y lo envía al BOE para su publicación a sabiendas de que contiene un artículo que contraviene la ley. Según el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores "si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente (...) se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente", que en este caso sería la Audiencia Nacional. Sus magistrados deberán entonces "adoptar las medidas que procedan para subsanar las supuestas anomalías, previa audiencia de las partes". Por lo tanto, a tenor de esto, la ministra de Empleo y Seguridad Social, debería remitir el texto al juez.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el convenio de la construcción se firmó el 20 de enero, cuando aún no se había aprobado la reforma laboral y, por tanto, entonces la prioridad que otorga a los convenios sectoriales estatales y, en su caso, autonómicos o provinciales, sí se ajustaba a la ley. Es más, según el acuerdo de las partes, este convenio está vigente desde el pasado 1 de enero de 2012.

Esta sería una de las alegaciones de las partes que podría aceptar el Ejecutivo para permitir que el convenio se publique en el BOE tal y como está pactado, contraviniendo la legalidad vigente. Según los juristas consultados, esto no generaría en la práctica grandes problemas, ya que el nuevo decreto-ley manda sobre los convenios sectoriales vigentes.

Esto supone que con la entrada en vigor de la reforma laboral el pasado 12 de febrero, los trabajadores de los sectores que tenían su negociación colectiva más estructurada como son la construcción, el metal, la química y el sector financiero -que afectan a algo más de cinco millones de asalariados- han dejado de tener como convenio de primera referencia uno sectorial estatal, autonómico o provincial, como hasta ahora. En todos estos casos ya prima lo que digan sus convenios de empresa, presentes o futuros, a pesar de que las condiciones que recojan esos acuerdos sean peores que las de los convenios superiores.

Así, el hecho de que el decreto manda sobre los convenios vigentes está claro para todos los juristas, pero hay quien plantea la necesidad de aclarar más en la norma la nueva prioridad aplicativa de los convenios de empresa en los citados casos donde hay un convenio superior vigente que manda sobre los inferiores, "porque esto podría considerarse retroactividad y entender que lesiona los derechos de los trabajadores, lo que no está permitido dentro del derecho". El decreto-ley aprobado no establece ningún régimen transitorio para estos casos, ni ninguna derogación expresa de los acuerdos vigentes en materia de estructura de negociación colectiva, lo que puede crear cierto vacío o inseguridad legal, a ojos de algunos expertos.

Según estas mismas fuentes, esto podría subsanarse en el trámite parlamentario o dejar que sea el juez quien decida con el convenio de la construcción y genere jurisprudencia. Pero si Empleo decidiera remitir el texto a la Audiencia Nacional, fuentes del sector recuerdan que el convenio 2012-2016, que recoge la congelación salarial para este año, quedaría en suspenso y se aplicaría el anterior, con alzas salariales del 2,5%. Todo esto está haciendo que el Departamento que dirige Fátima Báñez esté mirando con lupa la decisión a tomar.