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Carlos Molina - - 19/02/2008
Los cuatro años de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente se han caracterizado por la aprobación de medidas pioneras para proteger el medio ambiente, mientras que a la vez otros ministerios no han puesto ningún impedimento para propiciar un crecimiento desmedido del parque automovilístico y de las viviendas.
Por las carreteras españolas circulan a diario 22 millones de vehículos (uno por cada dos habitantes, según los cálculos de los fabricantes) y el número de viviendas iniciadas alcanzó su mayor cota en 2007, con más de 900.000 casas. Dos datos que difícilmente encajan en una estrategia contra el cambio climático, más aún si tenemos en cuenta que estos dos sectores son los causantes del 50% de las emisiones en España.
Para intentar paliar esta situación, el Ejecutivo aprobó el Código Técnico de la Edificación, que servirá para rebajar el consumo de energía de los edificios y para sustituir progresivamente el carbón y el gas natural por otras energías más limpias. Aunque elogiable, la norma se antoja insuficiente para conseguir reducciones de contaminación en un sector al que todavía no se le han impuesto limitaciones.
Movilidad sostenible
En el caso de los automóviles, los ecologistas y la oposición presentaron una proposición de ley de movilidad sostenible, en la que reclamaban, entre otras cosas, que uno de cada dos euros del presupuesto del Ministerio de Fomento se dedicara a gestionar los movimientos del transporte y no a la construcción de infraestructuras. Finalmente, esa ley se quedó en papel mojado ante las dificultades de crear planes de movilidad para núcleos con más de 200.000 habitantes y empresas de más de 200 empleados, aunque ha sido incluida dentro de las promesas del PSOE. Lo deseable hubiera sido que se hubiera avanzado en medidas como la restricción del tráfico a los centros urbanos, como se hace en Londres a través de un peaje, o la obligatoriedad de circular a menor velocidad en las circunvalaciones de las ciudades para reducir las emisiones del transporte.
El fantasma de la sequía
Otro de los asuntos sin resolver, que ya ha creado fuertes polémicas antes de las elecciones, es el de la gestión del agua, tanto para consumos urbanos como para regadíos. Este aspecto será especialmente relevante en un ejercicio, en el que todo apunta a que reaparecerá el fantasma de la sequía (el Ejecutivo prevé que entre octubre y mayo será el semestre más seco en 60 años), y en el que se tendrá que empezar a trabajar en la Directiva Marco del Agua.
Esta norma, que deberá estar transpuesta en 2010, prevé que las tres administraciones deberán recuperar todos los costes de producir y distribuir el agua. Cada español consume una media de 166 litros por día, una cifra muy superior a la de los países del entorno, entre otras razones porque el precio que se paga en España por metro cúbico es sensiblemente inferior.
España es el segundo país de la UE dónde menos esfuerzo económico hace falta para pagar el agua, con 1,28 euros por metro cúbico, tan solo por encima de Italia, cuyo esfuerzo es de 0,91 euros por metro cúbico.
Al nuevo Gobierno le quedará la difícil tarea de tomar dos medidas impopulares: subir el precio del agua para adecuar los costes a otros países europeos y 'cortar' el grifo a los consumidores y a los regantes que consuman demasiado. Por ahora solo algunas comunidades, como País Vasco o Cataluña han aprobado tasas que graven los consumos suntuosos. Ninguna se ha atrevido a lo segundo.
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