Tras unas elecciones en clave identitaria, los retos a los que se enfrentará el nuevo Ejecutivo son los mismos con los que tuvo que lidiar el primer y breve Gobierno de Artur Mas. La restricción al crédito, que pone en riesgo el funcionamiento de toda la Administración, representa el principal y acuciante problema de la Generalitat. Las arcas públicas catalanas y el mercado es reacio a prestar dinero a las comunidades autónomas, que dependen de los adelantos de Hacienda o del fondo de liquidez autonómico para cumplir con sus obligaciones de pago.
Precisamente fue la falta de recursos lo que impulsó al Ejecutivo de Artur Mas a plantear el pacto fiscal, el término con el que CiU bautizó su proyecto para que Cataluña contara con un modelo de financiación similar al del País Vasco y Navarra, lo que supondría disponer de más recursos y, sobre todo, reducir al mínimo la solidaridad interterritorial.
El no rotundo de Rajoy derivó en la gran manifestación independentista del 11 de septiembre que, al cabo, fue decisiva para que Mas se animara a adelantar las elecciones y a adoptar un discurso soberanista que, hasta ahora, CiU solo utilizaba en los mítines, pero no en las tribunas del parlamento catalán y, mucho menos, del Congreso de los Diputados.
A pesar de la tensión entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Artur Mas, el Ejecutivo catalán ha sido pionero en la recortes presupuestarios y, fuentes de Hacienda reconocen que la política económica de Mas es acertada con las exigencias para reducir el déficit público.
De hecho, tanto Mas como Rajoy defienden que el primer paso para salir de la crisis pasa por sanear las cuentas públicas y rechazan medidas de corte keynesiano que apuestan por elevar el gasto público para reactivar la economía.
A corto y medio plazo, las medidas de austeridad seguirán en Cataluña y los catalanes -que tienen el IRPF más elevado del Estado y aplican los tipos más altos en impuestos de competencia autonómica como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o el céntimo sanitario- seguirán tributando por encima de la media.
La crisis económica y la falta de financiación de la Generalitat ha extendido la idea, defendida y promovida por Mas, de que Cataluña sufre un "expolio fiscal", lo que ha reavivado un viejo debate que previsiblemente se mantendrá durante tiempo en la agenda política de Cataluña.
"Hay mentiras, asquerosas mentiras y estadísticas", dijo el inglés Leonard H. Courntey, presidente de la Royal Statistical Society a finales del siglo XIX. Los informes que sustentan que Cataluña sufre un expolio fiscal se reproducen a la misma velocidad con la que aparecen otros que indican justo lo contrario. Y en esta disputa juegan un papel predominante las famosas balanzas fiscales, el instrumento que sirve para medir qué aportan los contribuyentes de cada comunidad a la caja común y qué reciben a cambio en forma de servicios y gasto en infraestructuras. Sin embargo, hay diversas formas de calcular la balanza fiscal y el resultado final no deja de ser una estimación.
La Generalitat repite una cifra que ya se ha convertido en un mantra: 16.409 millones. Ese es el importe del déficit fiscal en Cataluña que calculó la Subdirección General de Financiación Autonómica, organismo dependiente de la Generalitat para el ejercicio 2009, último año disponible. "Existe déficit fiscal cuando los recursos que un territorio aporta a la Administración central superan el gasto que ésta destina a ese territorio", señala el informe oficial que concluye que "por cada euro que se recauda en Cataluña, 43 céntimos no se gastan en esa comunidad".
Y eso genera indignación y frustración en buena parte de los catalanes, que llevan años pagando peajes para moverse por Cataluña, tributan a tipos impositivos superiores -por decisión de la Generalitat- que en el resto de España y sufren el recorte de prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, la Generalitat publicita el resultado de la balanza fiscal que mejor resultados ofrece para sus argumentos.
Utiliza el llamado método flujo monetario, donde los ingresos tributarios se asignan donde se produce el hecho imponible y el gasto se imputa al territorio donde se realiza. Es decir, si un extremeño consume en Cataluña, el ingreso por IVA se asigna a Cataluña. Y, por el lado del gasto, la inversión de la T-4 de Barajas se imputa en su totalidad a Madrid, a pesar de que los catalanes también pueden beneficiarse de esas instalaciones.
Con otra metodología, los resultados varían. Así, con el modelo carga-beneficio, el déficit fiscal catalán incluso desaparece para 2009 y, según los resultados de la propia Generalitat, Cataluña obtuvo un saldo positivo de 4.015 millones, cifra que sirvió a un partido como el PP o Ciutadans para desacreditar la idea del expolio fiscal.
Desde la Generalitat reconocen esa cifra, aunque indican que los elevados números rojos que registró en ese ejercicio la Administración central distorsionó el resultado final. Apuntan que lo realmente importante es observar la tendencia o bien calcular el déficit corrigiendo el ciclo económico.
Más allá de estas cuestiones técnicas, algunos expertos también defienden que resulta erróneo calcular la solidaridad de forma territorializada. Es decir, no es Cataluña quien aporta más a las arcas comunes, sino los catalanes. Parece lo mismo, pero hay matices. El sistema tributario es redistributivo y, por lo tanto, los más ricos pagan más impuestos. Y esto es así en Cataluña, Andalucía o Madrid.
Dicho de otra forma, se contribuye más o menos en función de la renta y no de la residencia. Si una comunidad contribuye en mayor medida a la solidaridad es porque tiene un mayor porcentaje de adinerados. Precisamente por este motivo, Madrid es, junto con Cataluña, el territorio que presenta un mayor déficit fiscal.
Sin embargo, País Vasco y Navarra, la primera y tercera comunidad con una mayor renta per cápita mantiene una posición privilegiada gracias a su sistema de financiación particular y que tanta envidia genera en Cataluña.
