La mayoría de trabajadores autónomos y pymes que proveen de servicios a las administraciones públicas, sobre todo a las comunidades y ayuntamientos, conocen bien lo que es esperar varios meses para cobrar las facturas. En concreto, el periodo medio de cobro de estos proveedores era a finales de noviembre de 163 días (alrededor de cinco meses y medio), según refleja el Observatorio sobre la morosidad que elabora cuatrimestralmente la federación de autónomos (ATA).
Según este sondeo hecho entre más de 1.300 autónomos de todos los sectores y todas las comunidades autónomas, la deuda de todo el sector público acumulada este año con los trabajadores por cuenta propia asciende a 5.510 millones de euros, unos 637 millones más que en el segundo cuatrimestre del año, lo que representa un aumento del 13%; o lo que es lo mismo, esta deuda generada por el retraso de los pagos crece más de cinco millones de euros cada día que pasa.
Hasta ahora, las administraciones locales eran las que capitaneaban esta deuda pero en último cuatrimestre ha cambiado esta tendencia con lo que las administraciones autonómicas son ahora más morosas que los ayuntamientos. Si bien, por lo que se refiere a los periodos de cobro siguen siendo las entidades locales las que tardan más en pagar (177 días de media), frente a las regiones (149 días) y la Administración Central (69 días)
Sólo cuatro comunidades autónomas acumulan más de la mitad de toda esta deuda: Cataluña (922 millones de euros); Andalucía (789 millones); Comunidad Valenciana (772 millones); y Madrid (558 millones). Además las tres primeras son también las que más tardan en pagar, alrededor de cinco meses y medio (167 días).
En cualquier caso este fuerte retraso en el pago de facturas del sector público es según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la causa principal de la desaparición de uno de cada cinco autónomos y del 25% de todos los nuevos parados.
Amor recordó que el 95% del sector público incumple la actual ley de Morosidad, que fija un periodo máximo de pago de 45 días para las administraciones y empresas públicos, "que no se cumple porque la norma no incluye un régimen sancionador para aquellos que se la saltan".
Fuertes intereses de demora
Es más, en 2013 ese periodo pasa a ser de 30 días y en marzo del próximo año entra en vigor la directiva europea sobre morosidad que fija estos plazos por lo que Amor anunció que desde su federación "no se va a perder el tiempo" y "se va a denunciar ante los tribunales a todas las administraciones públicas que incumplan esta normativa (...) con los morosos mano dura, aunque sean del sector público".
De hecho, en teoría, la entrada en vigor de esta directiva europea activará también el régimen sancionador que incluye esta norma comunitaria y que no se ha traspuesto aún a la norma española. Según este régimen sancionador los intereses de demora que deberán pagar las administraciones incumplidoras de esta ley serán de hasta ocho puntos por encima del tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo (BCE).
Para Amor es posible cumplir con esta ley "porque ya hay tres comunidades que ya la cumplen prácticamente". Se trata del País Vasco, Navarra y La Rioja que pagan en plazos de 49, 51 y 55 días, respectivamente.
En este escenario, ATA ha solicitado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en 2013, la regulación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) incluya como prioridades el pago de las comunidades y ayuntamientos a autónomos y pymes; porque, según reprochó Amor, de los 1.000 millones de este fondo que han ido a parar al pago de proveedores este año, "la práctica totalidad han sido para pagar a los grandes suministradores de la sanidad y la educación y no a los pequeños, con los que el conjunto de las Administraciones tiene el 60% de la deuda".
