La desigualdad territorial crece

El PIB per cápita en España en 2011 se situó en 23.271 euros. Por este orden, País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja, Aragón y Baleares se situaron por encima de la media española. El resto de comunidades se encuentran por debajo. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha destacan por situarse más lejos del promedio. Si bien la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial ha mermado la riqueza de todas las autonomías, el golpe ha sido desigual.

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda, que inicia la serie histórica en 1995, reflejan que la distancia entre la comunidad más rica y la más pobre empezó a reducirse significativamente a partir del año 2000 (ver gráfico). La recesión interrumpió esa tendencia en la medida en que la caída del PIB ha sido más acusada en las zonas más empobrecidas. Entre 1995 y 2007, la Comunidad de Madrid fue la primera autonomía de España en PIB per cápita, posición que perdió a partir de ese año en favor del País Vasco.

Aunque el PIB per cápita presenta ciertas debilidades para medir el bienestar de un territorio, la estadística oficial no publica ningún índice actualizado de mayor calidad. Por otro lado, que se incremente la desigualdad no significa necesariamente que disminuya la riqueza. La renta de un territorio puede crecer a ritmos inferiores al de otro, lo que eleva la desigualdad, pero no la pobreza. Sin embargo, ante la crisis, Extremadura no solo se aleja de las comunidades más ricas, sino que también se distancia de la media española. En 2006, el PIB per cápita de un extremeño equivalía al 70% de la media española, cifra que hoy se ha reducido hasta el 65%.

El hecho de que las dos comunidades autónomas con un mayor PIB per cápita sean el País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema de financiación particular y que reduce su aportación a la solidaridad interterritorial sirve para sustentar el anhelo del Gobierno catalán de alcanzar un pacto fiscal. Pablo Alcaide, del Gabinete de Economía Regional de Funcas, señala que si bien es verdad que el modelo de financiación beneficia a ambos territorios, argumenta que la variable más relevante es la evolución demográfica. La población en los territorios forales ha aumentado por debajo de la media. Ello resulta especialmente evidente en el País Vasco. En la última década, la población española se ha incrementado un 16,5%, hasta superar los 47 millones. En ese mismo periodo, los habitantes en el País Vasco han aumentado apenas un 4%. La evolución de la población en Navarra es más notable.

Alcaide también apunta que ambos territorios no han estado tan expuestos al sector de la construcción como otras comunidades. El sector de la industria, vital en el País Vasco, ha logrado capear con mayor diligencia la crisis. Todo ello no impide que, sobre todo desde Cataluña, se extienda la idea de que parte de sus males económicos y los recortes públicos que sufren se deben a un modelo de financiación "injusto".

Del pacto fiscal a la independencia

La dimensión económica explica, en parte, el éxito de la masiva manifestación en Barcelona del martes, donde el reclamo de otro sistema de financiación quedó en segundo plano en favor de la independencia. La idea de que España "expolia" a Cataluña se está convirtiendo en una suerte de axioma transversal que ya reúne apoyos desde las zonas altas de Barcelona hasta los pequeños pueblos de la Cataluña rural. La imagen de un político como Jordi Pujol, socio político de Felipe González y de José María Aznar marchando bajo el lema Cataluña, un nuevo Estado de Europa no resulta menor. En cualquier caso, la hoja de ruta del presidente de la Generalitat, Artur Mas, pasa por reclamar una nueva reforma del modelo de financiación, que ya se modificó, también por iniciativa catalana en 2009.

Detrás del pacto fiscal que, en caso de llevarse a cabo, implicaría que Cataluña mantendría un modelo fiscal similar al de los territorios forales, late la idea de que los catalanes pagan más que el resto de los contribuyentes y reciben menos. En este punto, la Generalitat catalana recurre al término del déficit fiscal, entendido por la diferencia ente lo que aporta una comunidad al Estado y lo que recibe de este. Sin embargo, no resulta sencillo calcularlo.

La dificultad metodológica llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a publicar hasta seis balanzas fiscales en 2008, un compromiso que adquirió con Convergència i Unió (CiU). Los resultados no revelaron sorpresas. En la medida en que el modelo de financiación es redistributivo, las comunidades más ricas aportan más dinero del que recibían. Una crítica a este tipo de cálculos apunta que no son los territorios quienes pagan impuestos, sino las personas. Y si Cataluña aporta más es porque un mayor número de contribuyentes gozan de rentas altas. En cualquier caso, los datos oficiales del Ministerio de Hacienda muestran que las comunidades más solidarias son Madrid, Cataluña y Baleares. El déficit fiscal de las dos primeras supera los 14.000 millones.

Con la metodología del flujo monetario -donde los ingresos y gastos se imputan allí donde se produce la actividad- Baleares, Cataluña, Valencia y Madrid figuran por este orden como los territorios más solidarios. Hay que tener en cuenta que, con esta fórmula de cálculo, una inversión como la T-4 de Barajas se imputa en su totalidad a la Comunidad de Madrid. Con el modelo carga-beneficio, donde los gastos se imputan a la comunidad en la que reside el usuario de un determinado bien o servicio, la comunidad más solidaria es Madrid, seguida por Baleares y Cataluña.

Los datos indican que Cataluña es solidaria, pero no más que Madrid o Baleares. El pacto fiscal que Mas reclamará el próximo 20 de septiembre en una entrevista con Mariano Rajoy supondría reducir al mínimo esa redistribución interterritorial. Fuentes del Gobierno señalan que no tienen ninguna intención de reabrir el debate de la financiación autonómica ante el grave deterioro de las cuentas públicas. El déficit del conjunto de la Administración pública superó el nivel del 9% el año pasado, cifra que Bruselas exige reducir hasta el 6,3% este año y el 4,5% el próximo. El Gobierno catalán sabe que su capacidad de persuasión queda muy limitada ante un Gobierno que goza de mayoría absoluta. Está por ver si el eco de la manifestación del martes modifica la posición de Moncloa, que atribuye el pacto fiscal a una rabieta nacionalista.