Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 10:45 h.
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El Gobierno coordina los trabajos con la Generalitat
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El resultado de los comicios catalanes condicionará la mayoría con la que se aprueben los Presupuestos
Firmas - Federico Castaño
Federico Castaño - Madrid - 21/07/2006
El color del Gobierno autonómico que salga de las urnas convocadas para el 1 de noviembre no es sólo importante para conocer quien gestionará el nuevo estatuto sino también para saber si lo hará con un talante de colaboración con el Ejecutivo central o de enfrentamiento. Los primeros informes que manejan el Ministerio de Administraciones Públicas, la Generalitat, el PSC, CiU y ERC coinciden en que la reforma estatutaria hará obligatoria la modificación de una treintena de leyes estatales pues afectan a materias que Cataluña empezará a manejar con competencia exclusiva. Entre las leyes orgánicas que tendrán que cambiar se encuentran la que regula el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la de Estabilidad Presupuestaria, la de Educación y la de violencia de género.
Los distintos ministerios ya han abordado internamente la necesidad de promover estas reformas en coordinación con los consejeros de la Generalitat afectados por las mismas, ya que el deseo del Gobierno es contribuir a un desarrollo armónico del nuevo Estatuto sin dar pie a litigios que acaben en el Tribunal Constitucional. Fuentes gubernamentales informan que este trabajo comenzará a desarrollarse a partir del mes de septiembre a través de las comisiones mixtas que prevé el propio Estatuto, con el fin de agilizar al máximo el traspaso de nuevas competencias. Más retraso sufrirá la aplicación del nuevo modelo de financiación pensado para Cataluña ya que ésta no será posible hasta que no se reforme la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas y, por tanto, haya un acuerdo amplio que comprometa a todos los territorios, salvo los que disponen de régimen foral.
Presupuestos para 2007
Hay una previsión estatutaria que tendrá traducción inmediata en los Presupuestos del Estado para el año que viene y es el cálculo de la partida que corresponde a Cataluña en inversión estatal para infraestructuras, dado que se tomará como referente su aportación al PIB estatal, cercana al 18%. Si bien CiU mantiene una predisposición favorable a negociar los Presupuestos, el calendario electoral catalán le impedirá exteriorizarlo porque, en cierta medida, será el resultado del 1-N el que condicione el tipo de mayoría con el que se aprobarán las cuentas del Estado para el año que viene.
El desarrollo estatutario ha sido objeto de estudio a distintos niveles. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo ha abordado personalmente con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, también lo ha estudiado en distintas reuniones con el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura. En septiembre se agilizará la negociación, teniendo en cuenta, además, que hay proyectos de ley en trámite parlamentario, como la propia ley de Dependencia o el Estatuto del Empleado Público, que se verán también condicionados por el Estatuto catalán.
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