La política de incentivación de I+D entre las empresas, una prioridad para la UE y para España en particular en su lucha por aumentar la productividad, no ha dado los resultados esperados y ha obligado a cambiar de modelo, según admitió ayer en Sevilla Luis González Calbet, subdirector de Política Fiscal y Financiación Autonómica de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

El 85% de los actuales incentivos recae en las grandes empresas y estas deducciones no implican inversiones adicionales. Y es que cada euro que deja de ingresar Hacienda no registra ni siquiera una partida equivalente en el lado de los presupuestos empresariales para innovación, según González. Además, de las 6.000 empresas beneficiarias (0,5% del total) sólo 3.900 tienen beneficios y pueden por tanto acogerse a la reducción en la cuota fiscal. El resultado, según Calbet, es que el 82% de las sociedades consideradas más innovadoras no se acogen a estos incentivos 'a pesar de su generosidad'.

En el transcurso de un seminario sobre políticas fiscales a favor de la investigación y innovación, organizado por la UIMP y el Instituto de Estudios Fiscales, este responsable de la Oficina Económica mostró su confianza en el potencial del nuevo sistema que ha puesto en marcha el Gobierno en la reforma fiscal, que ha entrado en vigor en enero, y que convivirá con las deducciones actuales durante cinco años. Se trata, según recordó, de cambiar progresivamente estas deducciones en la cuota del impuesto de sociedades por bonificaciones en el pago de cotizaciones sociales a la hora de contratar a personal investigador en las empresas.

En este caso, el sistema será 'más fácil de controlar y gestionar' y centrará los esfuerzos en el capital humano. Además, se beneficiarán todas las empresas aunque estén en su fase de inicio y no tengan beneficios. Con ello, las inversiones deben multiplicarse.