Los decanos de Derecho piden una moratoria en la ley de acceso
El contenido de los másteres para ejercer de abogado aún no está listo.
Los decanos de las facultades de Derecho en España han decidido solicitar al Gobierno "una moratoria" del real decreto que aprueba el reglamento de ley de acceso a la abogacía y que regula la entrada al ejercicio de la profesión de abogados y procuradores. Los máximos responsables de las facultades consideran escaso el tiempo dado para preparar el contenido, las materias, el cuadro de profesores y las aulas, para impartir los nuevos posgrados que los graduados de Derecho deberán cursar tras obtener el título de grado.
Los primeros másteres deberían estar listos en junio de 2012 cuando comiencen a salir los nuevos graduados de Bolonia. "Ante esta situación, el pasado 10 de febrero nos reunimos todos los decanos de Derecho en Logroño para tratar estas cuestiones", señala Raúl Canosa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), quien explica que "es difícil diseñar los nuevos cursos de posgrados debido a que todavía se desconocen los contenidos".
En dicha reunión, los decanos de Derecho solicitaron que el ejercicio de la profesión debería estar limitado al graduado de Derecho. "El proyecto de real decreto abría la puerta a que otras titulaciones pudieran hacer el máster de conocimientos jurídicos, pero todos los decanos coincidimos en que no existe ninguna otra carrera que tenga una carga jurídica tan importante como Derecho", afirma Canosa.
La polémica está servida por el coste de los nuevos posgrados
También el Consejo de Estado sostuvo este postulado y así lo expresó en su dictamen sobre la nueva normativa, que ahora se encuentra en el Ministerio de Justicia a la espera de ser tramitada en el Consejo de Ministros. Con toda probabilidad, la nueva ley solo permitirá que quienes hayan estudiando Derecho puedan ejercer de abogados y procuradores tras cursar un máster de un año y medio, pasar un examen y realizar prácticas de 30 créditos.
La polémica está servida, por el coste que puedan tener esos nuevos posgrados. "A mí me gustaría que todos los alumnos que aprueben el grado de Derecho pudieran acceder al máster para no truncar sus expectativas", explica el decano de la Facultad de Derecho de la UCM, quien aboga por precios públicos.
Además, se muestra partidario de un examen meritorio, similar al que tienen los médicos MIR para poder acceder a las prácticas de residencia. "Pensamos que quienes tengan la mejor nota en la parte formativa, deberían elegir las mejores plazas en la práctica jurídica", añade.
¿Pero serán estas remuneradas? "No puedo anticipar el futuro, pero nosotros trataremos de hacer todo lo posible para que suceda así", sentencia Raúl Canosa. Desde su punto de vista, actualmente existe "muy poca formación práctica". En este sentido, pide que "la sociedad colabore con la universidad, preferentemente con prácticas remuneradas, para que el alumno se esfuerce e ilusione".
"Se trata de una reforma muy complicada, donde hay que diseñar los másteres, el examen y las prácticas, y debería actuarse con más mesura", explica el decano de la Complutense. No obvia que la universidad se encuentra en pleno proceso de implantación de Bolonia, con menos dinero. "Tenemos departamentos que cuentan con una alta carga docente, al tener que implantar el nuevo plan mientras finalizan el antiguo", aclara el máximo responsable de la Facultad de Derecho de la UCM.
Exceso de carga para el docente
A esto hay que añadir además una nueva ley de acceso de los jueces y fiscales, que también complica el proceso y donde confluyen los graduados de Derecho. Este tipo de posgrados también podría extenderse a otros cuerpos del Estado, como pudieran ser los notarios, registradores de la propiedad, abogados del Estado y todos aquellos altos funcionarios, con grado A1 y A2, lo que supondría mucha más trabajo para las universidades.
El decano de la Facultad de Derecho, sin embargo, considera que se puede asumir pero con tiempo. Los Ministerios de Educación y Justicia deben primero subsanar sus diferencias para dar el pistoletazo de salida.
Emilio Cuatrecasas, a favor del examen meritorio
"Soy partidario de la ley de acceso y de que haya un examen que sea habilitante. Es decir, que no sea un mero trámite", dijo ayer Emilio Cuatrecasas a CincoDías en la apertura de la oficina de Málaga del despacho.El presidente de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira se mostró también "partidario de un examen meritorio". "Esperamos que en tres años esta situación se haya normalizado". Además, aseguró que este cambio en el acceso a la profesión lo único que hace es equiparar a España con los principales mercados de su entorno. En Portugal, donde Cuatrecasas ejerce la abogacía, ya existe una regulación sobre el acceso a la profesión.Por otro lado, con la apertura de Málaga, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira da por finalizada su expansión en la península Ibérica, donde ya cuenta con 19 oficinas. "No tenemos previstas nuevas oficinas", dijo. No obstante, explicó que "los despachos se mueven adaptándose a los tiempos". En caso de haber nuevas operaciones de crecimiento, será en zonas que ofrezcan "masa crítica" para Cuatrecasas y con socios que den "complementariedad".La apertura de Cuatrecasas en Málaga es fruto de la integración hace cinco años del despacho Olivencia-Ballester, lo que ha otorgado a la firma hasta ahora presencia en Andalucía a través de una oficina en Sevilla. La previsión de ingresos de Málaga para 2011 será de 1 a 1,3 millones de euros y terminará el año con 10 abogados, liderados por los socios Francisco Romero y Jorge Robles. La nueva oficina se ocupará de asuntos relacionados con todas las áreas del Derecho vinculadas a clientes corporativos, no solo de Málaga sino que cubrirá Granada, Jaén y Almería.Cuatrecasas suma ya 980 abogados, de los que 238 son socios. Sobre cómo ha empezado 2011, Emilio Cuatrecasas aseguró que enero y febrero no ofrecen resultados extrapolables al resto del año, pero dijo que lo que va de ejercicio arroja unas cifras "espléndidas" en cuanto a horas facturadas, con un incremento significativo. Desde el punto de vista de la situación económica de España, Cuatrecasas lamentó ser pesimista.
La reforma de la judicatura
El Consejo del Poder Judicial ha solicitado también al Gobierno una modificación de la ley reguladora de acceso a la carrera judicial, que afecta a los jueces y fiscales.El objetivo es que los aspirantes a jueces y fiscales tengan también que cursar un máster habilitante, como ya adelantó a CincoDías el máximo responsable de acceso del CSPJ. Este máster o posgrado solo podrían cursarlo estudiantes del grado de Derecho.Los cursos de posgrado podrían ser también un requisito imprescindible para otros tipos de profesionales de grado A1 y A2 de la Administración, como puedan ser registradores de la propiedad, notarios y también abogados del Estado.La carrera judicial podría, a partir de esta reforma, acortarse frente al tiempo actual.