La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dicho esta semana que todas las autonomías están "técnicamente" preparadas para la entrada en vigor del copago, una medida que supondrá, si le sumamos la actualización del IPC de los medicamentos de aportación reducida, un ahorro de unos 550 millones.
Pero no todas ellas lo aplicarán. El Gobierno Vasco aprobó el martes el decreto que evita que se aplique en Euskadi este nuevo copago de medicamentos porque, según su consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, busca mantener un sistema sanitario universal y gratuito, una decisión que ha sido criticada por algunas comunidades.
En el resto de España se aplicará, pero son muchos los que vaticinan que por lo menos al principio "todo va a ser un caos".
Esa es la opinión del portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, quien advierte de que "los profesionales no están bien informados".
"No hemos recibido una información detallada de cómo se va a gestionar. Yo sigo teniendo los mismos talonarios, al igual que los que no recetamos por ordenador", ha asegurado a Efe Bayle, quien considera que esta medida se ha adoptado de "manera improvisada con plazos absurdos".
También la asociación FACUA-Consumidores en Acción cree que la implantación puede ser "caótica" y ha aconsejado a los ciudadanos que "estén alerta" ante posibles cobros irregulares por fallos en el sistema.
Los titulares de las oficinas de farmacia, tal y como señala, el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Fernando Redondo, advierten también de que "no se ha explicado suficientemente a los ciudadanos" y se lamenta porque ellos "tendrán que asumir la tarea de informar a cada cliente de cuál es su situación, si es que lo saben".
Para Redondo, el culpable de todo esto son "las prisas excesivas" ante una iniciativa que, de aplicarse con tranquilidad, no habría provocado "tantísimo desasosiego".
El caso es que el copago entra en vigor el domingo, aunque eso sí en algunas autonomías, como Madrid, su aplicación real será el lunes, ya que no todos los servicios de urgencia de hospitales y centros sanitarios emiten recetas a los pacientes en domingo, sino informes médicos en los que se especifica la medicación que debe tomar, la dosis y la duración.
Con ese informe, las farmacias le pueden vender la medicación hasta que el lunes su centro de salud, su médico, le emita la receta, que ya vendrá acompañada en la parte superior derecha de un código - hay desde el 001 hasta el 006- que permitirá a los farmacéuticos saber cuánto deben cobrar.
Ese código que tendrá asociado cada persona titular de tarjeta sanitaria en España indicará por tanto cuál es su nivel de pago.
Para establecer ese código se han cruzado datos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Hacienda para fijar que la aportación sea en función de la renta, un proceso culminado el pasado 15 de junio.
El primero de los códigos -el 001-, por ejemplo, lo ostentarán las personas con una pensión no contributiva, que están exentas del "copago", al igual que lo estarán los parados de larga duración que han perdido el desempleo, alguien con discapacidad superior al 65% o con rentas de integración social, afectados del síndrome tóxico y los que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.
Otro ejemplo, una persona en activo y que tiene unos ingresos declarados en renta por debajo de los 18.000 euros llevará el código 003, indicativo de que debe abonar el 40% del medicamento.
Ese es el porcentaje de lo que pagan actualmente todos los ciudadanos que no son pensionistas, excepto los enfermos crónicos que abonan un 10 por ciento y los funcionarios pertenecientes a Muface, tanto en activo como jubilados, que aportan un 30%.
Pero si quiere saber de forma clara cuánto le costarán los medicamentos, estas son las claves:
Pensionistas:
Si es un pensionista con una pensión no contributiva o tiene una renta mínima de inserción, no tendrá que pagar nada por sus medicamentos.
Si gana menos de 18.000 euros al año, pagará un 10 por ciento del precio de las medicinas, hasta un máximo de 8 euros al mes. Si gana más de 18.000 euros, el máximo será de 18 euros al mes.
Sólo los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros, abonarán el 60 por ciento de las medicinas, hasta un límite de 60 euros al mes.
Cuando se superen estos topes, la diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida el paciente en un periodo máximo de seis meses, según el decreto.
La pregunta que está desde hace tiempo en el aire es cómo reembolsarán las comunidades lo que exceda de esos topes. El asunto compete a las autonomías, pero Sanidad propuso el miércoles en el Consejo Interterritorial que se reintegre de forma automática entre tres o seis meses el dinero aportado de más en la cuenta corriente donde el jubilado tenga domiciliada su pensión.
De lo que se trata, según Sanidad, es de que el sistema de salud aplique el criterio "más favorable".
Trabajadores
Si tienen una renta anual inferior a los 18.000 euros, pagarán lo mismo que hasta ahora, el 40 por ciento de los medicamentos.
Si es superior a 18.000 euros, pero inferior a los 100.000 euros, aportarán el 50 por ciento, y si ingresa más de esa cantidad al año abonará el 60 por ciento de sus medicamentos
La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la administración de justicia será del 30 por ciento.
Parados
Por primera vez, si percibe una renta mínima de inserción o ya no recibe ninguna prestación por desempleo, ya no tendrá que pagar por los medicamentos.
