La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los empleados públicos del conjunto del Estado a una huelga en la función pública a finales del mes de septiembre, tras conocer los detalles de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este viernes.
La organización tiene previsto concretar la fecha definitiva de la jornada de huelga en la reunión que mantendrá el próximo jueves, día 19, junto al resto de los sindicatos que tengan representación en el sector público.
La convocatoria se sumará a la manifestación convocada para ese mismo día y a las diferentes actuaciones, movilizaciones y paros parciales que los organizaciones quieren promover en el marco de una plataforma sindical, en la que estarán CC OO, UGT, CIG, CGT o ELA, entre otros.
El vicepresidente de CSIF, José Fernández, ha explicado en rueda de prensa que el sindicato ha aprobado esta convocatoria por unanimidad después de analizar las medidas que se han detallado en el Consejo de Ministros, "pues se ha constatado el cabreo y la indignación de todos los funcionarios por este nuevo recorte que les hace el Gobierno".
Fernández ha señalado que la fecha definitiva aún no se ha fijado porque CSIF quiere que participen el resto de sindicatos con representación en la función pública, "pues en este momento no hay colores ni banderas, es momento de unirse contra estas injusticias".
El sindicato ha asegurado que no teme que el retraso de la jornada de huelga hasta el mes de septiembre le haga perder fuerza, "porque los problemas del funcionariado no habrán acabado ese mes, lamentablemente". "En septiembre se aprueban los Presupuestos Generales del Estado y entra en vigor la subida del IVA, así que no creo que nadie haya olvidado los recortes anunciados esta semana", ha subrayado Fernández.
Recurso de inconstitucionalidad
Por otra parte, el vicepresidente de la organización ha confirmado que CSIF intentará instar al Defensor del Pueblo "o convencer a 50 diputados" para que se presenten el recurso de inconstitucionalidad que quieren que se interponga ante el Tribunal Constitucional (TC) contra estas medidas.
"El Gobierno está vulnerando todas las normas que teníamos en el ámbito público y todos los derechos de los trabajadores que ya estaban consolidados y que ahora se quieren cargar de un plumazo con un Decreto Ley que nos imponen sin ningún tipo de negociación", ha aseverado el vicepresidente de CSIF.
El sindicato ha afirmado que "los médicos, los profesores, los policías, los soldados, los bomberos y todas las personas que trabajan para mantener la calidad de los servicios públicos y atender con garantía a los ciudadanos están hartos de que los diferentes gobiernos les conviertan en paganos, cabeza de turco y caja del Estado".
