¡Son los costes, estúpidos; todos los costes!
La posición competitiva de España frente a las economías de su entorno se ha deteriorado de forma notable desde que adoptó el euro. En los años transcurridos del siglo los productos y servicios que comercializa han perdido algo más de un 20% en el Índice de Tendencia de la Competitividad que elaboran los responsables de Comercio. Una cantidad muy preocupante. El deterioro comercial español es mucho mayor frente a los países de la OCDE que frente a los de la zona euro (casi el doble), donde el hecho de compartir la moneda y evitar oscilaciones de tipo de cambio ha supuesto un alivio competitivo. Pero más preocupante es comprobar las pérdidas experimentadas frente a los socios comerciales más activos: con Alemania el retroceso es de más de doce puntos, mientras que con Francia es de once, o de seis con Italia. Fuera de la zona euro las pérdidas son superiores, con retrocesos del 50% respecto a Reino Unido o EE UU, o de más de 60 puntos sobre Japón.
La peseta ingresó en el euro a un tipo de cambio depreciado. Tal circunstancia, junto con las facilidades de financiación o la ventaja competitiva que al turismo proporcionaba la existencia de conflictos bélicos en zonas de oferta alternativa, provocó una explosión económica, sostenida tanto con demanda interna como externa. Pero el acelerado crecimiento de los costes de producción arrastró tanto a los precios finales, que agotó en pocos años la ventaja del tipo de cambio, sin posibilidad de restablecer la vía cambiaria tras ceder la autonomía monetaria.
Además, y aunque España siga focalizando su actividad comercial en sus socios tradicionales, las transacciones mundiales han experimentado una revolución en la última década, señoreada por la globalización, que coloca a los países emergentes en condiciones de privilegio en las preferencias de la demanda, fundamentalmente por sus precios. La intensidad tecnológica, el diseño y la calidad son variables estandarizadas que cada vez más intervienen menos en la compra.
El coste y el precio
España tiene que recomponer lo antes posible sus declinantes indicadores de competitividad. Más allá de herramientas que caminan demasiado lentas para las urgencias de una economía con uno de cada cinco trabajadores en paro, como es el caso de las tecnologías, debe buscar fórmulas que reduzcan los costes. O todos los costes de forma suave pero complementaria, o alguno de los costes de forma radical. Sin un abaratamiento notable de los costes de producción es muy complicado recuperar los tramos de mercado perdidos, y complicadísimo rescatar los niveles de empleo previos a la crisis. Como Clinton recordó a Bush sénior en 1992 la importancia de la economía sobre la política, ahora la atención y las reformas de los responsables de la economía española no deben dispersarse: "Son los costes, estúpidos; todos los costes".
Aunque España tiene unos niveles de asalarización aún alejados de los de la UE más madura e industrial, la mitad de su PIB son ya rentas salariales, entre otras cosas porque el crecimiento en los últimos años se ha concentrado en actividades muy intensivas en el uso del factor trabajo, como la construcción o servicios turísticos. Por ello, los costes del factor trabajo tienen una relevancia crucial para generar actividad económica, pero sobre todo para recomponer el empleo.
Los costes energéticos y financieros son de primera magnitud para unas cuantas actividades muy intensivas en capital financiero y tecnológico; pero su recorrido bajista es prácticamente inexistente en el caso del dinero y de difícil aplicación en el de la energía, salvo que se cambie radicalmente el mix anunciado para 2020. La apuesta por una fórmula renovable exige tal incentivo fiscal que impide su abaratamiento en los próximos años. Así las cosas, los costes del empleo y los impuestos se convierten, otra vez, en las palancas más útiles para mover la economía y la ocupación.
La historia de las relaciones industriales modernas en España ya ha demostrado que los saltos cuantitativos importantes en empleo se han producido cuando la liberalización era acompañada por significativos descensos en los costes del factor trabajo, fuese en la contratación (despido), el salario o las cotizaciones.
Los sueldos han crecido demasiado deprisa, y con ellos, los precios, como demuestran todas las tablas comparativas con los países del entorno. Hoy los asalariados españoles saben que si pierden su empleo y tienen la suerte de encontrar una alternativa cruzando la calle, será a costa de tener una remuneración un 25% inferior. Esa sensación ambiental, cada vez más extendida, terminará presionando a la baja los salarios en España, como ya ha ocurrido con centenares de empresas, salvo que circunstancias que no se atisban ahora incorporen ingentes cantidades de productividad. Los convenios tienen mucho que decir en una remuneración cada vez más ajustada al desempeño real de cada trabajador, bien generalizando los acuerdos de empresa o ajustando el sueldo a la productividad.
Despidos y cotizaciones
Aunque es discutible si un descenso en los costes del despido animará el empleo, puesto que hay despido cero para más de tres millones de asalariados y la posibilidad de contratar también con despido cero a los miles de jóvenes del ejército de reserva, lo cierto es que los ajustes empresariales terminan casi siempre con el abono de 45 días por año. Es un umbral de los más elevados de la OCDE, y el capital extranjero sigue considerándolo un obstáculo para la inversión.
El componente fiscal del trabajo, las cotizaciones, se redujo de forma selectiva con éxito, aunque genera competencia desleal entre los nuevos contratos y las plantillas establecidas. Dado que son de las más altas de Europa, las cotizaciones tienen margen para bajar de forma general aprovechando tanto el superávit de Seguridad Social, como el fondo de reserva. Además, como se trata de un impuesto al empleo, puede trasvasarse presión fiscal de la empresa al trabajador, que, este sí, es de los que menos aporta al sistema de previsión en la UE. Eso sí: hay que evitar que tal subida se recupere en el salario, para no quedar comidos por servidos.
Pero los impuestos tienen mucho más recorrido. Aunque el Gobierno plantee ya las primeras subidas, existen varias posibilidades de reducir los tributos que afectan a la producción. El impuesto sobre sociedades tiene recorrido bajista, así como el IRPF de los salarios más bajos, desfiscalizando cada vez más tramos de renta como estímulo a la búsqueda de empleo en las franjas laborales sin cualificación. Juegan también doble papel SMI y seguro de paro, que a veces pierden su finalidad de escudo de garantía, para tornarse en obstáculos al trabajo.