¿Cuánto costará poner en marcha el copago?

El Ejecutivo prevé ahorrar más de 7.200 millones de euros con la reforma de la financiación de la sanidad que presentará hoy en el Consejo de Ministros y que se plasmará en un real decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la aplicación de este sistema también llevará aparejados una serie de costes como consecuencia de que el baremo establecido para discriminar entre quién tiene que pagar más o menos es la renta declarada en la declaración del IRPF.

De este modo, el Gobierno deberá proceder en los dos próximos meses (la fecha anunciada por Sanidad para la puesta en marcha de la reforma) a la renovación de todas las tarjetas sanitarias que ha expedido. Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, cree que solo el coste de las nuevas tarjetas se elevará a 900 millones (20 euros por tarjeta), "a lo que habrá que sumar el impacto que supondrá la puesta en marcha de las plataformas de pago y los cajeros".

España, Reino Unido y Dinamarca son los únicos tres países de la UE en los que no está implantado un copago sanitario. En el resto, esta práctica está extendida y la formalización del pago se realiza una vez que finaliza la consulta, la urgencia o el internamiento hospitalario. En ese momento es cuando el paciente decide si abonar la factura a través de una domiciliación bancaria (el sistema debe tener por tanto los datos de su cuenta bancaria) o bien hacer el pago mediante un sistema electrónico, a través de un datáfono o un cajero automático que debe estar situado cerca de la zona de consultas.

La puesta en marcha de este sistema de copago por niveles de renta es mucho más costosa que si se hubiera establecido una tasa única por receta, tal y como ha hecho Cataluña. Este mecanismo, que estará funcionando a partir del 1 de junio, no discrimina por niveles de renta y fija una tasa lineal para todos los pacientes. Tan solo quedan fuera de ese esquema las pensiones no contributivas y los beneficiarios de rentas mínimas de inserción, que son los únicos que tienen que llevar un documento acreditativo para evitar repagar los fármacos.

La vicepresidenta tercera de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Isabel Vallejo, terció en el asunto al apuntar la "complicación" que supone la puesta en marcha de la medida. "Existe mucha diversidad en las propuestas, por lo que puede ser un sistema laborioso, que pilotará el Ministerio de Hacienda al afectar directamente a las rentas de los ciudadanos", señaló.

A esa complicación se le puede unir el elevado coste que implicará crear una plataforma y una tarjeta que aglutine datos fiscales, laborales y sanitarios. Los primeros cálculos hablan de un coste de 20 euros por tarjeta, una cifra demasiado elevada si se compara con los gastos que están asumiendo las grandes empresas tecnológicas que pujan por contratos con diversas administraciones. Dos ejemplos que así lo corroboran son el contrato adjudicado por el Servicio Balear de Salud para renovar 450.000 tarjetas por un importe de 4,4 millones, con un coste de 9,7 euros por tarjeta, o la nueva tarjeta electrónica del País Vasco, con un precio de 2,2 euros por unidad. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, recalca que este precio es cinco veces inferior al logrado por el anterior Ejecutivo.

Fuentes empresariales consultadas por CincoDías apuntan que el precio de las tarjetas sanitarias para el copago farmacéutico será mucho más elevado que estas últimas cifras, en la medida en la que esos contratos eran simplemente para crear tarjetas identificativas que permitieran la prescripción de recetas electrónicas. "Las que se van a fabricar ahora son mucho más sofisticadas, ya que incluirán los datos de las rentas declaradas de pensionistas y del resto de afiliados", apuntan.

Esas mismas fuentes también consideran que el plazo de dos meses fijado por Sanidad para poner en marcha estos cambios es "demasiado optimista" por las complejidades técnicas que comportan. El diseño de la tarjeta ha sido encargado al Ministerio de Sanidad, que ahora tendrá que poner en marcha un concurso para adjudicar el desarrollo de la misma a una compañía. Previamente tendrá que recibir de Hacienda los datos de todas las declaraciones de renta de pensionistas y demás contribuyentes.