La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos ha ordenado suspender temporalmente la aplicación del fallo emitido hace una semana por la Corte Federal de Nueva York, que impone al país sudamericano la obligación de abonar los 1.330 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros) que adeuda a los fondos de inversión que rehusaron reestructurar sus bonos argentinos tras la quiebra de la nación austral, en 2001.
Así, la Cámara de Apelaciones ha atendido la petición formulada por el Gobierno de Argentina, que el pasado lunes presentó un recurso ante la misma solicitando la anulación del fallo de la Corte Federal y, entretanto, la inmediata suspensión de los efectos de dicha decisión judicial, según informa la agencia de noticias Télam.
Además, la Cámara de Apelaciones ha atendido la solicitud formulada por los bonistas que aceptaron reestructurar su deuda soberana, que el pasado lunes también presentaron un recurso contra el fallo de la Corte Federal, en el que pidieron presentarse como parte interesada en el proceso judicial. De esta forma, el alto tribunal ha corregido el fallo de la Corte Federal, que determinó que los bonistas que reestructuraron su deuda soberana no podían ser considerados "partes directas con un interés legítimo en el caso".
No obstante, el órgano jurisdiccional de segunda instancia ha subrayado que, tras su decisión de este miércoles, "quedan pendientes otras órdenes", en alusión a su futura respuesta sobre la petición argentina de declarar la nulidad absoluta del fallo de la Corte Federal. La Cámara de Apelaciones también ha establecido un calendario, según el cual el Gobierno argentino tendrá que presentar su recurso ante la sede judicial el 28 de diciembre, los bonistas que reestructuraron su deuda soberana lo harán el 25 de enero y las partes que intervengan como ''amicus curiae'' -terceros sin un interés legítimo-, el 4 de enero. La vista oral será el 27 de febrero.
Próximos vencimientos
El fallo de la Corte Federal obliga a Argentina a hacer los primeros pagos a los bonistas que rehusaron la reestructuración en una cuenta de garantía el 15 de diciembre, justo cuando el país tiene previsto cancelar 3.000 millones de dólares (2.328 millones de euros) en intereses a los bonistas que participaron en la reestructuración. En el caso de que el Gobierno argentino no abonara la cantidad adeudada a los inversores que rechazaron la reestructuración, no se le permitiría desembolsar los pagos a los acreedores que sí aceptaron la reestructuración, incrementando el riesgo de incurrir en una nueva suspensión de pagos.
