Corredor, que participó hoy en un desayuno organizado en A Coruña por el Club Diálogos para la Democracia y patrocinado por Caixa Galicia, consideró que este ajuste era "previsible y necesario".

El Plan de Vivienda 2009-2012 se centrará en "diversificar la oferta" para hacerla accesible a todos los sectores de la población, en la optimización energética y en la puesta en valor del patrimonio urbano y rural mediante la rehabilitación y la recuperación de barrios y entornos de pueblos y ciudades, avanzó.

Para el desarrollo de este Plan, la titular de Vivienda apostó por la "sintonía" de las tres administraciones, desde el respeto a las competencias y por el diálogo con las empresas.

En concreto, para diversificar la oferta se priorizará la promoción de la vivienda protegida, el acceso a ella por colectivos de especial dificultad, como jóvenes, ancianos, mujeres, o investigadores y se desarrollarán medidas para el fomento del alquiler, como la ayuda a la renta de emancipación o las ayudas a los propietarios. Además se ha creado la figura del alquiler con opción a compra que, en palabras de Corredor, “facilita la financiación a los promotores y fomenta el ahorro”.

Optimización energética

Al hablar de optimización energética, Corredor reconoció que el crecimiento de la vivienda en los últimos años “ha sido desmesurado y no siempre ha respondido a las medidas sostenibles necesarias”, por lo que abogó por “cambiar a un modelo de renovación intensiva, que “no consume terreno y genera mano de obra”.

Además, la ministra de Vivienda incidió en la puesta de marcha de medidas encaminadas al desarrollo sostenible, con el establecimiento de “requisitos básicos” que deberían cumplir todas las viviendas de nuevas construcción, como el Código Técnico de Edificación y el Real Decreto de Situación Energética.

Reducir la emisión de gases

A la hora de renovar los barrios y los núcleos rurales, Corredor consideró fundamental “mejorar la accesibilidad y disminuir la emisión de gases con efecto invernadero”, así como la redacción de un marco regulador básico que cuente con el consenso de la administración local, autonómica y nacional.

En concreto, se refirió al Plan Renove puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda, el de Industria, y el de Medio Ambiente que afectará a 500.000 viviendas en esta legislatura.