Sahuquillo, que ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.
Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".
La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EEUU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.
Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.
Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.
Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.
Adicionalmente, ha reclamado más control sobre la publicidad y la comercialización de hipotecas por parte de las entidades financieras, la creación de un parque de viviendas para alquiler social, que las empresas de tasación sean independientes de las entidades financieras y que el crédito concedido no supere el 80 por ciento del valor de la vivienda tasada.
En su opinión, todas estas medidas afrontan un problema de exclusión social y no suponen abocar a la banca o al sector financiero a entrar en crisis.
