La parálisis que vive el mercado inmobiliario no sólo afecta a las cuentas de resultados de las promotoras, también a las arcas públicas y de qué manera. La mayor preocupación de las constructoras ahora es evitar tener que parar numerosas obras por el retraso en los pagos que están detectando en algunas comunidades autónomas. Fuentes del sector explican que como los ingresos autonómicos han sido mucho menores de lo presupuestado, algunos gobiernos autonómicos han decidido no certificar más obras desde el mes de septiembre. 'No es un fenómeno aislado, está empezando a ocurrir en algunos territorios, son ya varias las comunidades que lo hacen, entre ellas Cataluña y tememos el efecto contagio', aseguran los fabricantes de materiales de construcción. La Generalitat catalana y otras regiones consultadas como Madrid lo niegan. La certificación es el documento que recibe el contratista como garantía de cobro de una obra y las administraciones suelen emitirlos cada mes. Con ese escrito, la empresa puede acudir al banco y obtener un adelanto del dinero, ya que aunque con retraso, tiene la certeza de que cobrará.

El problema es cuando no se emiten las certificaciones de obra. 'Si la constructora en primera instancia no sabe cuándo va a cobrar, ésta demorará a su vez el pago a proveedores y empresas subcontratadas, por lo que el efecto en cadena es muy peligroso y puede desembocar en la paralización de los trabajos', aseguran desde una de las principales patronales de la construcción.

'En otras circunstancias, aunque no tuvieras la certificación de obra, si el banco sabe que trabajas para un organismo público, solía facilitar la financiación a través de pólizas de crédito y caución u otros mecanismos; ahora la falta de liquidez no permite esa salvaguarda', recuerdan en una empresa de suministros. Lo peor, según todas las fuentes consultadas, es que entretanto la licitación pública del Gobierno central disminuyó un 37% hasta agosto y continúan aumentando los plazos medios de pago. Así, los fabricantes de materiales de construcción denuncian que las grandes constructoras cobran en un plazo medio de 141 días, cuando hace un año el promedio era de 89 (la ley para la administración pública establece 60 días). Eso se traduce en mayores demoras de éstas con sus suministradores, a quienes pagan al cabo de 229 días, cuando hace sólo unos meses eran 211. 'Un retraso superior a los 180 días quiere decir que se compromete la mitad de la facturación de todo un año, por lo que la deuda pendiente actual a los fabricantes de materiales podría ascender a 40.000 millones de euros', señalan desde el sector. Por todo ello, las empresas reclaman al Gobierno medidas que garanticen la liquidez, imprescindible para poder mantener su actividad.

El panorama para el próximo año es aún más descorazonador. Nadie se atreve a aventurar el fin de la crisis financiera y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid han paralizado sus inversiones hasta conocer con qué fondos públicos contarán en 2009.