Pese a sus reticencias iniciales a recortar los gastos de personal al cargo de las Administraciones públicas, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy se vio obligado en julio a aprobar la supresión de la paga de Navidad de todos los funcionarios, con lo que prevé ahorrar 4.500 millones de euros. El decreto establecía que solo se podía abonar una paga extraordinaria a todos los empleados públicos en 2012. Toda vez que todas las Administraciones ya habían abonado la de junio, quedaba prohibido por ley desembolsar la de diciembre. Sin embargo, tres comunidades (Extremadura, Navarra y País Vasco) no aceptaron esa decisión y anunciaron su intención de abonarla, aunque con distintas estrategias. El presidente extremeño, José Antonio Monago, dijo que la pagaría sin infringir la ley, retrasando un mes su abono. De este modo, solo pagaría una extra en 2012, tal y como fija el real decreto. Ese mismo procedimiento se seguiría en 2013 para evitar tener que abonar tres pagas extraordinarias. Por su parte, Navarra baraja pagar un complemento a los empleados públicos que compense la supresión de la paga extraordinaria.
El caso vasco es diferente, ya que al no estar constituido el nuevo Ejecutivo tras las elecciones celebradas el pasado mes de octubre, no se han podido aprobar las medidas necesarias para hacer cumplir lo fijado por Mariano Rajoy y el lehendakari en funciones, Patxi López, anunció a finales de noviembre que no tenía otro remedio que hacer efectivo ese pago. Ante esa afrenta, el Ejecutivo decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso del Gobierno central.
Esta decisión supone de facto la suspensión de la medida adoptada por el Ejecutivo de Euskadi. Además, y con el objetivo de paralizar el pago de la extra a los 69.000 funcionarios vascos, el Constitucional acordó que tenga efecto desde el día 5 de diciembre pasado, la fecha en la que el Ejecutivo presentó el recurso. Con lo que no contaba Rajoy es con un error de dos entidades financieras (Ipar Kutxa, recientemente fusionada con Caja Labora y BBVA) que provocó que más de 2.500 funcionarios vascos la cobraran ayer por la mañana. Fuentes del Ejecutivo vasco explicaron a Efe que la orden que transmitió ayer a las entidades bancarias indicaba que la ejecución del pago de la extra de Navidad se efectuase el día 19 y que el devengo, es decir el ingreso en la nómina, se hiciese efectivo el día 20, como ocurre todos los años.
Sin embargo, ambas entidades hicieron efectivo el pago a los funcionarios que tienen domiciliados sus cobros, la mayoría ligados al Servicio Vasco de Salud y a la Ertzaintza "por un error en la interpretación". A última hora de la tarde las dos entidades emitieron una orden para retirar ese dinero ingresado. De hecho, algunos funcionarios del Gobierno Vasco que esta mañana habían visto el ingreso de la extra de Navidad en su cuenta bancaria confirmaron a Efe que ese dinero se había retirado.
Ahora queda por saber cómo afecta la decisión del Constitucional al conjunto de los funcionarios. La portavoz del Gobierno regional, Idoia Mendia, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico la recurrirá y que encargará a sus servicios jurídicos que analicen "qué escenarios" se abren. Mendia subrayó la necesidad de actuar con "prudencia" para garantizar la "máxima seguridad jurídica". El consejero de Economía en funciones, Carlos Aguirre, defendió el mantenimiento de esta retribución extraordinaria, dado que existe margen presupuestario para ello. De hecho, anunció que el Ejecutivo cumplirá este año el objetivo de déficit, puesto que cerrará, según sus previsiones, con un desfase del 1,46% del PIB regional.
